PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó la “decisión unilateral” del Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas, tras el asilo otorgado a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
En un comunicado, la Cancillería mexicana subrayó que el asilo fue concedido “en pleno apego al derecho internacional”, conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos países son signatarios.
La SRE explicó que Chávez Chino denunció violaciones reiteradas a sus derechos humanos como parte de lo que consideró una persecución política, situación que fue valorada por México antes de aprobar su solicitud de protección.
El Gobierno mexicano recordó que, de acuerdo con la Convención de Caracas, “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante”, y que la decisión se tomó conforme a la Constitución mexicana y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Asimismo, afirmó que el otorgamiento de asilo “no constituye un acto inamistoso” y calificó la respuesta peruana como “excesiva y desproporcionada”, al tratarse de una práctica legítima y reconocida por la comunidad internacional.
México reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el derecho de asilo, al tiempo que expresó su deseo de mantener abiertos los canales de diálogo y recordó los “históricos lazos de amistad” entre ambos países.
Por su parte, el presidente interino de Perú, José Jerí, informó a través de su cuenta en X que la encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, recibió un plazo perentorio para abandonar el país. Ornelas había asumido la representación diplomática tras la expulsión del embajador Pablo Monroy en diciembre de 2022.
El canciller peruano, Hugo De Zela, precisó que la ruptura de relaciones diplomáticas no implica la suspensión de los servicios consulares entre ambas naciones.
