PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026, que otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para endurecer el combate contra la evasión y las empresas factureras, pero que también ha generado críticas por su carácter recaudatorio y el riesgo de excesiva vigilancia sobre contribuyentes y plataformas digitales.
El dictamen, enviado al Senado, armoniza el CFF con el Artículo 19 constitucional, permitiendo aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes emitan o utilicen comprobantes fiscales falsos. Además, el SAT podrá presentar querellas penales y realizar visitas domiciliarias exprés de hasta 24 días hábiles para verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales.
Entre las nuevas medidas, el SAT podrá negar la inscripción al RFC a personas morales cuyos socios o representantes legales estén relacionados con empresas vinculadas a la facturación falsa.
“Estas facultades son excesivas. Se permitirá cancelar el RFC o negar inscripciones a contribuyentes con algún vínculo previo con empresas factureras, lo cual puede equivaler a sancionar dos veces por un mismo hecho”, advirtió Antonio Sánchez Sierra, académico del Departamento de Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara.
Vigilancia sobre plataformas digitales
Una de las disposiciones más polémicas obliga a plataformas como Amazon, Mercado Libre, Netflix o DiDi a otorgar acceso permanente, en línea y en tiempo real al SAT, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, las empresas podrían ser bloqueadas temporalmente en México.
La Asociación de Internet MX (AIMX) consideró esta medida una forma de “espionaje fiscal”, al permitir el acceso gubernamental a información privada sin orden judicial.
“El SAT podrá comparar tus ingresos y gastos digitales. Si no coinciden, asumirá que estás omitiendo ingresos”, explicó Sánchez Sierra.
El abogado fiscal Marco Aurelio Núñez Cué, de la Universidad Panamericana, señaló que la reforma pone en riesgo la privacidad de millones de usuarios y podría dañar la relación entre el Gobierno y las empresas tecnológicas.
“No se puede fiscalizar a todos como si fueran evasores. Es una medida desproporcionada y poco clara”, subrayó.
Ambos expertos coincidieron en que la reforma responde más a una urgencia recaudatoria derivada del endeudamiento proyectado en el Paquete Económico 2026, que a una estrategia integral de modernización tributaria.
“El Gobierno está buscando dinero donde sea, y la fiscalización masiva es el camino más corto”, afirmó Sánchez Sierra.
Los pros y contras de la reforma fiscal 2026
Positivos:
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Fortalece el combate a las factureras y la evasión fiscal.
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Mejora la capacidad de auditoría del SAT.
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Incentiva la formalidad y la transparencia.
Negativos:
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Riesgos a la privacidad y la protección de datos.
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Potencial criminalización de contribuyentes.
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Carácter recaudatorio más que simplificador.
Aumentan impuestos al consumo: refrescos, cigarros y videojuegos pagarán más IEPS
De forma paralela, la Cámara de Diputados también aprobó reformas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que elevarán el costo de varios productos a partir de 2026:
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Refrescos: el impuesto pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, casi 90% de incremento.
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Cigarros: el IEPS subirá del 160% al 200%, por lo que una cajetilla podría superar los 100 pesos.
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Videojuegos violentos: se impondrá un nuevo gravamen del 8% sobre su precio final.
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Sueros orales que no cumplan los estándares de la OMS: pagarán 3.08 pesos por litro.
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Casas de apuestas digitales: el impuesto aumentará del 30% al 50% sobre las ganancias.
Según Núñez Cué, el incremento al IEPS busca desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, además de recaudar hasta 761 mil millones de pesos, parte de los cuales se destinarían a programas de atención médica.
“Aunque el objetivo declarado es sanitario, la realidad es que el Gobierno necesita dinero para sostener los programas sociales. Es una medida con claros fines recaudatorios”, opinó.
Los especialistas concluyen que, con estas reformas, el SAT se convierte en una de las instituciones más poderosas del país, pero advirtieron que “vigilar no siempre equivale a impartir justicia; también puede reflejar desconfianza institucional”.
