PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El colectivo ambientalista Sélvame del Tren denunció que más de 120 cuevas y cenotes habrían resultado afectados por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, una cifra muy superior a las ocho afectaciones reconocidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con el buzo y activista José Urbina Bravo, fundador del movimiento, el daño se extiende desde Cancún hasta Tulum, atravesando zonas como Playa del Carmen y Puerto Morelos, donde se colocaron los pilotes del megaproyecto ferroviario.
“Son más de 120 cuevas dañadas. El trazo fue perforado alrededor de 15 mil veces con pilotes, lo que afectó el acuífero y los sistemas subterráneos. Aunque no todas las cavidades tengan una abertura directa al tramo, muchas están siendo contaminadas en este momento”, advirtió Urbina.
Las declaraciones contrastan con lo expuesto por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, quien esta semana informó ante diputados que se detectaron ocho cavernas y cenotes con impactos ambientales, y que ya se realizan trabajos de limpieza y retiro de concreto para su recuperación.
Sin embargo, Urbina Bravo insistió en que el deterioro ambiental es mayor al admitido oficialmente, pues además de cuevas y cenotes, se han identificado dolina y humedales con afectaciones graves. “Estas dolinas son fuente de vida para muchas especies; son sistemas que están siendo destruidos”, señaló.
La Semarnat reconoció por primera vez este tipo de daños más de un año después de la conclusión de las obras del Tramo 5, el cual recorre la franja costera del Caribe mexicano. Durante el sexenio pasado, las autoridades habían negado afectaciones ambientales, asegurando que no se talaría un solo árbol en la selva maya.
Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda fase, enfocada en el transporte de carga, mientras la Federación avanza en nuevas expropiaciones en Valladolid, Yucatán, y Bacalar, Quintana Roo, bajo el argumento de utilidad pública.
El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, continúa generando controversia por su impacto ambiental y social en la Península de Yucatán.
