PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que solicitará a la Secretaría de Cultura revisar si el Grupo Xcaret cumple con los permisos necesarios para utilizar elementos de las costumbres, tradiciones y patrimonio cultural de los pueblos originarios en sus parques y espectáculos en Quintana Roo.
“Vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que revise el caso de la propiedad intelectual de los pueblos originarios en Xcaret”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre el tema.
Sheinbaum recordó que está próxima a publicarse la ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la cual busca fortalecer la protección legal del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales.
El respeto a la propiedad intelectual colectiva, subrayó, implica reconocer el derecho de estos pueblos a controlar y proteger sus expresiones culturales, como la música, los diseños, la gastronomía o las narrativas que forman parte de su identidad.
Cabe recordar que en 2023, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó al Grupo Xcaret retirar materiales publicitarios con elementos de la cultura maya, tras una denuncia del Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Posteriormente, en 2024, ambas partes firmaron un acuerdo de respeto y colaboración para garantizar el uso legítimo del patrimonio cultural.
No obstante, el parque continúa presentando bailables y platillos tradicionales de origen maya, lo que ha generado debate sobre si dichas representaciones cuentan con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las comunidades tienen derecho a reclamar su propiedad colectiva cuando terceros utilicen o comercialicen elementos de su cultura sin autorización.
La aplicación de esta ley corresponde al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en coordinación con otras instituciones del Estado, que deberán determinar si existe alguna vulneración al derecho colectivo de los pueblos originarios en el caso de Xcaret.
