PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con el respaldo de la mayoría morenista, el Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Ley de Expropiación que otorga al gobierno estatal mayores facultades para ocupar predios y terrenos declarados de “utilidad pública”, lo que ha encendido críticas por los plazos reducidos y el alcance de la medida.
La iniciativa, enviada por la gobernadora Layda Sansores San Román, establece que la declaratoria de utilidad pública deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y notificarse de manera personal a los propietarios. A partir de ese momento, los dueños dispondrán de solo cinco días para presentar pruebas en su defensa.
Si no lo hacen, el Estado podrá proceder a la ocupación inmediata de los bienes. En caso de muebles, la Secretaría de Gobierno local será la encargada, mientras que los inmuebles estarán bajo la gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas.
Durante la discusión legislativa, el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Alfredo Arce, cuestionó la reforma al señalar que la ley federal concede 15 días de defensa, mientras que en Campeche el plazo se reduce a un tercio.
“Es una confiscación disfrazada. O te aguantas o te gastas un juicio de amparo”, advirtió.
Otro punto de controversia es el esquema de indemnización. La ley permite que el pago a los propietarios afectados se realice en plazos de hasta 10 años, cuando la norma federal obliga a cubrirlo en 45 días.
Con la aprobación, el Estado campechano tendrá la facultad de avanzar con proyectos de infraestructura y desarrollo, aunque organizaciones civiles y legisladores opositores anticipan que se presentarán recursos legales contra la medida por considerarla lesiva a los derechos de los propietarios.
