PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Un total de 32 personas han sido sancionadas en Campeche por ejercer violencia política en razón de género, de acuerdo con datos presentados por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC). La cifra revela la magnitud del problema y confirma que este fenómeno atraviesa distintos sectores de la sociedad.
La consejera presidenta provisional del IEEC, Clara Concepción Castro Gómez, explicó que los casos involucran a periodistas, servidores públicos, funcionarios electos y ciudadanos comunes, lo que demuestra que la violencia política no distingue profesiones ni posiciones de poder.
Periodistas, entre los más señalados
De los sancionados, 11 son profesionales de la comunicación, entre ellos reporteros, columnistas, creadores de contenido digital y directores de medios. Además, figuran dos servidores públicos, una persona con cargo de elección popular y 11 ciudadanos, entre los que se incluyen cuatro mujeres y siete hombres.
Castro Gómez subrayó que esta situación evidencia la falta de respeto en diferentes espacios de participación política:
“Los ataques van desde comentarios que buscan desacreditar a las mujeres hasta conductas que limitan su participación. A veces no se trata de agresiones directas, pero las indirectas también generan consecuencias emocionales y profesionales”, advirtió.
Un problema que trasciende instituciones
La presentación de estos datos se llevó a cabo durante un evento en el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, donde también se firmó un convenio de colaboración y se entregaron dos urnas electrónicas, recibiendo además tres más que serán utilizadas en elecciones de sindicatos, asociaciones e instituciones académicas.
Pese al marco institucional, las cifras revelan una realidad preocupante: la violencia política de género sigue vigente en Campeche, afectando tanto a mujeres como a hombres, y se refleja no solo en las instituciones, sino también en medios de comunicación y redes sociales.
Un llamado a cambiar la cultura política
El IEEC señaló que las sanciones buscan enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar la participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, Castro Gómez enfatizó que la solución no está únicamente en la aplicación de la ley, sino en modificar la cultura política y promover entornos libres de violencia y discriminación.
“No se trata solo de castigar, sino de construir una sociedad donde el respeto y la igualdad sean parte de la vida cotidiana”, concluyó.
