Poder y Crítica | Redacción | El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la reestructura de la deuda de CAPA por más de 279 millones de pesos; con 18 votos a favor y uno en contra de los diputados presentes, lo que representa una modificación al crédito contratado en 2015.
El refinanciamiento permitirá ampliar el plazo hasta por 15 años de una deuda heredada desde el gobierno de Roberto Borge Angulo hasta por un plazo de 180 meses equivalente a 15 años, es decir hasta el 2040 los Quintanarroenses absorberán una pago 279 millones 503 mil pesos correspondiente a un crédito suscrito por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) hace casi una década.
La autorización legislativa permitirá reestructurar el saldo insoluto del crédito simple contraído el 26 de noviembre de 2015 con Banco Interacciones —institución hoy fusionada con Grupo Financiero Banorte— bajo nuevas condiciones financieras. Entre ellas, destaca la posibilidad de extender el plazo de pago hasta por 15 años, así como modificar fuentes de pago, garantías y otros mecanismos de soporte financiero.
Pero ojo, el dictamen también contempla el uso de recursos públicos para cubrir los gastos asociados a la operación de refinanciamiento, incluyendo los derivados de su formalización.
Desde el pleno, legisladores argumentaron que la medida busca mejorar la estabilidad financiera de CAPA y dar mayor margen de maniobra a su operación, en un contexto donde los servicios de agua potable enfrentan presiones crecientes por infraestructura obsoleta y alta demanda.
Hasta el momento, no se han detallado públicamente las tasas o condiciones específicas del nuevo esquema. La aprobación se dio en un periodo extraordinario, fuera del calendario ordinario del Congreso.
El crédito está identificado con el número de registro público P23-12-15140, suscrito el 26 de noviembre de 2015, durante la administración de Roberto Borge Angulo, con el banco Interacciones-Banorte, por un plazo de 15 años y un monto inicial de 506 millones de pesos.
Representantes del equipo técnico de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, expusieron que esta renegociación permitirá liberar recursos para destinarlos a inversión pública, sin necesidad de una deuda mayor, ya que actualmente CAPA enfrenta retos en el cumplimiento y salvaguarda del derecho humano al agua, pues tiene capacidad limitada de modernización de su infraestructura.
Para el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del estado el verde Renan Sánchez Tajonar, habló sobre la reestructura de la deuda de Capa y dijo que cada 3 meses deberá haber un informe pormenorizado sobre cómo va este tema que fue aprobado por la legislatura en la que también se sumaron los integrantes de Morena.
En 2015, el gobierno de Roberto Borge —hoy preso por otros delitos, pero cuyas decisiones siguen drenando recursos— autorizó un crédito de más de 500 millones de pesos a través de la CAPA, respaldado por los ingresos derivados de la concesión del servicio a Aguakan.
En pocas palabras, hipotecó el futuro financiero de un organismo público para cubrir las obligaciones de una privatización disfrazada de modernización.
!0 años después la concesión está socialmente desacreditada, la operación del servicio no ha mejorado, y el costo financiero sigue creciendo. Pero en lugar de corregir el modelo, castigar a los responsables y fortalecer lo público, el gobierno opta por una salida cómoda: reestructurar la deuda.
La jauría de diputados levanta dedos de Morena y sus liados verde sin dictámenes técnicos a la vista, sin debate público y sin rastro de dignidad legislativa, le dice que sí a la propuesta enviado por el Ejecutivo.
Para los especialistas, reestructura no es resolver, es encubrir y solapar la fuente de pago, de los ingresos de CAPA a participaciones federales, para seguir alimentando un crédito que ni trajo agua más limpia ni servicios dignos.
Lo que realmente cambia es quién paga: ahora serán los municipios, los ciudadanos, los programas sociales. Se paga con dinero que debería ir a salud, educación, infraestructura o seguridad. Se paga con nuestro futuro.
El Congreso del Estado no solo aprobó esta operación sin exigir transparencia, rendición de cuentas o análisis de viabilidad. También renunció a su papel como órgano de fiscalización. No exigió auditoría del crédito original. No cuestionó la legalidad del fideicomiso. No pidió una evaluación técnica sobre el impacto social. Se limitó a levantar la mano, como quien firma un cheque en blanco sin leer el monto.
Y eso es profundamente peligroso. Porque cuando un poder legislativo actúa como oficina de trámite del Ejecutivo, no solo traiciona su investidura democrática: valida decisiones de alto impacto sin asumir responsabilidad. Lo más grave no es que aprueben lo cuestionable, sino que ya ni siquiera lo discutan. Tener un Congreso “a modo” es renunciar al equilibrio de poderes, y convertir la pluralidad política en un club de obediencias.
El Congreso no solo facilitó la reestructuración: la blindó. La revistió con el discurso de la “responsabilidad financiera”, cuando en realidad lo que se está haciendo es postergar el colapso de un modelo que ya fracasó.
Porque si las causas de la deuda —la privatización opaca, la nula regulación, la ausencia de inversión pública— no cambian, el problema no desaparece: solo se le da más oxígeno para seguir agonizando.
La CAPA no necesitaba una reestructura. Necesitaba una refundación. Un rediseño técnico, operativo y financiero que comienza por reconocer los errores del pasado y plantea un nuevo modelo público, eficiente y sostenible. Pero eso exige liderazgo, memoria institucional y algo que no se consigue tan fácilmente: dignidad legislativa.
Denuncian corrupción y no pasa nada
Hace 8 mese cuatro trabajadoras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) han sido despedidas tras ser acusadas de desviar al menos 22 millones de pesos. Las empleadas, identificadas como “Lupita”, “Irene”, “Miriam” y “Mónica”, enfrentan ahora procesos judiciales que podrían implicar a otros colaboradores de la paraestatal.
La situación salió a la luz el 22 de noviembre, cuando agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FCC) llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la CAPA. La investigación se centra en posibles actos de peculado, con indicios de que las tres primeras empleadas habrían invertido los fondos sustraídos en criptomonedas, mientras que la cuarta es acusada de exceder sus funciones al formalizar convenios de liquidación de adeudos y apropiarse de los recursos.
Las irregularidades fueron detectadas a partir de auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) en años anteriores. Hugo Garza Sáenz, director general de la CAPA, confirmó el despido de las empleadas y la presentación de denuncias en su contra, aunque no proporcionó más detalles para no comprometer la investigación.
La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, está al tanto de la situación y ha solicitado que se aplique la ley de manera rigurosa. A pesar de que el desfalco se estima en 22 millones de pesos, se prevé que esta cifra pueda aumentar, ya que las indagaciones sobre expedientes y ejercicios fiscales continúan. La investigación sugiere que más empleados de la CAPA podrían estar involucrados en este escándalo de corrupción.
No hay que olvidar que en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), que encabeza Hugo Garza Sáenz, el cinismo fluye más rápido que el agua que se les escapa por las fugas.
Sin pasar por alto que ese puñado de funcionarios se creyó Warren Buffett versión Riviera Maya y metió dinero público en criptomonedas: bitcoins pagados con presupuesto estatal.
Y mientras ellos juegan a ser traders, los que sí están perdiendo, y feo, son los habitantes de Cozumel, donde la planta de tratamiento de San Miguelito no está potabilizando nada. Más bien está sirviendo de colador y filtrando contaminantes directo al manto freático.
Sí, como si no fuera suficiente con el sargazo, ahora también tienen agua contaminada ¡por su propio sistema de tratamiento! En medio del desastre, los gobiernos federal y estatal anunciaron una inversión de 210 millones de pesos para duplicar la capacidad de la planta y llegar a 230 litros por segundo en 2026—promesa que suena a curita sobre fractura cuando los derrames siguen a la vista.
Pero eso no es todo. En Kantunilkín, la gente ya no sabe si pagar el agua o hipotecar la casa: tras el cambio de medidores, los recibos se dispararon hasta 600%, pasando de 200 a más de mil 300 pesos en un solo bimestre, de acuerdo con vecinos que exigen la intervención de Profeco. Desde que CAPA cambió los medidores, las facturas llegan más infladas que el presupuesto en año electoral. Los vecinos hasta se preguntan si los medidores vienen con “diablito” incluido o si están leyendo en litros por minuto.
Total, que en lugar de CAPA, parece que deberían llamarse Comisión de Abusos y Pretextos del Agua. (Con información de Medios)
