PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con 129 decretos aprobados desde su inicio, la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo ha sido señalada por su bajo rendimiento legislativo y por operar con un presupuesto de 530 millones de pesos, lo que representa un costo promedio de 4.1 millones por decreto aprobado. Así lo revela el más reciente análisis del Observatorio Legislativo del estado.
El congreso de Quintana Roo está integrado por 13 diputados de Morena; cinco diputados del PVEM; 3 integran la bancada del PT; el PAN esta representado por 2; el PRI y Movimiento Ciudadano cuentan con un representante. El 60 por ciento es Mayoría Relativa y el 40 de Representación proporcional; el 485 son diputadas y 52% son hombres.
El periodo más improductivo fue el segundo periodo ordinario, con solo 31 decretos aprobados, mientras que en el primero se aprobaron 73 y en los cinco periodos extraordinarios, 25. Estos últimos muestran un patrón preocupante: el 84 % de las iniciativas aprobadas fueron enviadas por el Ejecutivo, evidenciando que los periodos extraordinarios se usan, principalmente, para dar salida a las propuestas del gobierno estatal.
En el análisis cualitativo, el Observatorio advierte que diversas leyes propuestas por el Ejecutivo —como la Ley de Movilidad y la Ley de Expropiación— han sido impugnadas por organismos como la CNDH, al considerar que violan derechos constitucionales. Estas leyes fueron aprobadas sin cambios por el Congreso, lo que muestra una preocupante falta de revisión crítica de parte de los legisladores.
Contenido de las iniciativas del total de decretos aprobados en el segundo periodo ordinario:
15 fueron reformas a leyes ya existentes
5 fueron reformas constitucionales federales enviadas por el Congreso de la Unión
5 decretos fueron conmemorativos o simbólicos
5 modificaciones al Código Penal
3 reformas a la Constitución del estado
Respecto al origen:
6 iniciativas fueron de Morena
10 de legisladores en lo individual
5 de municipios
5 del Congreso de la Unión
2 heredadas de la Legislatura anterior
2 del Ejecutivo
1 de la propia Legislatura para nombramientos
Sin embargo, de las 10 iniciativas individuales, solo 3 tienen verdadero valor legislativo. Las otras incluían cambios simbólicos como fechas, nombres de comisiones, o propuestas genéricas sin claridad operativa, como establecer una “Semana de la Justicia Social”.
Sin aportes reales de otros partidos según el Observatorio Legislativo, ningún grupo parlamentario fuera de Morena presentó iniciativas de relevancia destacable durante este periodo.
El mes pasado, Observatorio Legislativo emitió un exhorto público dirigido a Morena, instándolo a implementar acciones concretas frente a la promoción personalizada que llevan a cabo algunos de sus diputados locales, utilizando recursos del Congreso con objetivos claramente electorales.
Entre los señalados destaca Eric Arcila, quien ha sido objeto de críticas por su bajo desempeño legislativo, su frecuente ausentismo en sesiones y el uso de herramientas públicas para fortalecer su imagen política.
Según el análisis presentado por Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio, Arcila ha reportado siete inasistencias, todas “justificadas” mediante simples oficios que alegan actividades en su distrito.
No obstante, el organismo subraya que estas razones únicamente deberían admitirse si se trata de causas de fuerza mayor, como una enfermedad o tareas oficialmente asignadas por la legislatura.
En cuanto a su labor legislativa, se señala que ha presentado 18 iniciativas, ninguna de las cuales ha avanzado hasta convertirse en decreto.
La mayoría aún permanece estancada en comisiones y carece de empuje efectivo.
Uno de los casos más polémicos involucra el uso de una camioneta oficial rotulada con el nombre del diputado, práctica considerada como un posible acto anticipado de campaña.
Aunque la rotulación fue retirada posteriormente, el Observatorio sostiene que el daño ya se consumó.m Finalmente, se han detectado irregularidades en las casas de gestión, que deberían operar como centros de atención ciudadana. En varios casos permanecen cerradas o funcionan como una simple fachada para justificar recursos y fortalecer la imagen de los diputados.
El análisis del Observatorio Legislativo pone de relieve el peso dominante del Ejecutivo en la producción legislativa y alerta sobre el número creciente de reformas impugnadas ante la Corte, lo que genera cuestionamientos sobre la solidez jurídica de las decisiones aprobadas por el Congreso estatal.
Los diputados de Quintana Roo siempre han estado en el centro de atención por su triste desempeño, y es que, según informes, se les señala por ser ineficientes y, a pesar de ello, recibir salarios elevados.
Por ejemplo, se menciona que el Congreso del Estado ocupa un lugar destacado entre los más costosos del país, con un presupuesto significativo, pero con una productividad legislativa baja.
Los diputados improductivos y faltistas les salen caro a los quintanarroenses, pues de manera oficial tendrán una percepción de 739 mil 763 pesos con 28 centavos al año para cada uno de los 25 que actualmente se encuentran en el Congreso del Estado, junto con otras prestaciones, superarán el millón de pesos en remuneraciones.
Según el tabulador de sueldos mensual vigente en el Poder Ejecutivo el sueldo de cada uno de los 25 diputados es de 8 mil 919 pesos con 54 centavos, 10 mil 993 pesos con 64 pesos en apoyo de vivienda y 41 mil 733 pesos con 76 centavos de dieta.
Para promocionarse, los diputados se autorizaron en el rubro de comunicación social y publicidad 9 millones 049 mil 237 pesos; en servicio de traslado y viáticos 8 millones 533 mil 955 pesos; en servicios oficiales 9 millones 323 mil 685 pesos; en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 77 millones 408 mil 620 pesos.
Durante su sesión número 6 del segundo periodo del primer año de ejercicio Constitucional, inició con 18 diputados de los 25 que integran la XVIII Legislatura, aprobaron la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
