PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | A casi un año del inicio de la LXVI Legislatura federal, la Cámara de Diputados ha recibido mil 958 iniciativas de ley, pero solo 52 han sido aprobadas, mientras mil 814 permanecen en la congeladora y otras 92 fueron retiradas.
De las iniciativas que sí prosperaron, 31 fueron impulsadas por Morena o el Gobierno federal, priorizando reformas heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador o promovidas por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellas destacan la Ley de la Guardia Nacional, que otorga el control a las Fuerzas Armadas; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones; y la adopción de la CURP biométrica como identificación oficial.
Para expertos, esto evidencia una tendencia preocupante. Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO, señala que el Congreso opera como una «ventanilla de trámite del presidencialismo». A pesar del elevado número de iniciativas presentadas, el Congreso aprueba solo lo dictado desde Palacio Nacional, muchas veces vía fast-track, sin deliberación ni análisis de impacto.
“Dieciséis reformas fueron aprobadas en una semana, sin foros ni memorias técnicas”, denunció Ibarra. “No es trabajo legislativo, es obediencia política”.
Diputados costosos, iniciativas sin impacto
Cada diputado federal recibe un salario mensual de 131 mil 147 pesos, más viáticos y apoyos, mientras que el Congreso cuesta al erario más de 17 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, buena parte de las iniciativas presentadas carecen de fondo o impacto.
Entre las más cuestionadas figuran:
-
Declarar el 5 de marzo como el Día Nacional del Circo.
-
Acuñar monedas conmemorativas por efemérides militares o regionales.
-
Inscribir frases en letras de oro en el muro del recinto legislativo.
En contraste, reformas con alto impacto social siguen sin discutirse: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, marcos legales para la inteligencia artificial, o iniciativas para combatir la violencia de género y las desapariciones forzadas.
Urge reforma legislativa
Ibarra propone una reforma profunda: abrir la competencia interna en los partidos, mejorar la representación proporcional y crear unidades técnicas multipartidistas que den seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. También sugiere publicar dictámenes antes de cualquier aprobación exprés.
“Hoy, el Congreso no representa a la ciudadanía, representa al Ejecutivo. Y eso, en una democracia, es una señal de alarma”, concluyó.
