Poder y Crítica | Redacción | El Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Quintana Roo concedió un amparo a la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) en contra del desarrollo inmobiliario Maiim, ubicado en la región costera de Tankah IV, Tulum, al comprobarse que fue construido sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pese a encontrarse en una zona ecológicamente sensible.
La sentencia ordena a autoridades federales, estatales y municipales a pronunciarse en contra del proyecto, demoler las edificaciones y restaurar el ecosistema afectado, aunque los condominios, bajo el nombre comercial Maiim Oceanfront Living, ya se ofertan en el mercado internacional desde 995 mil dólares, a solo 10 minutos del centro de Tulum.
Omisión de MIA: una falta grave
De acuerdo con Antonella Vázquez Cavedon, presidenta de DMAS, el desarrollo fue autorizado con base en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del centro de Tulum, en lugar del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), que establece usos de suelo de conservación para esa zona costera.
La juez resolvió que la omisión de la MIA representa una falta grave que pone en riesgo el ecosistema y viola el derecho constitucional a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4° de la Constitución mexicana. También se vulneraron la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el Reglamento de Construcción de Tulum.
Ecosistema en riesgo y omisiones institucionales
DMAS destacó que el predio de Tankah IV presenta vegetación de matorral costero y especies protegidas. La obra fue edificada sin estudios ambientales, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició procedimientos administrativos. Sin embargo, estas acciones no detuvieron la construcción.
Precedente legal en justicia ambiental
Precedente legal en justicia ambiental
La organización civil celebró que esta sentencia sienta un precedente importante para la justicia ambiental en México, al reforzar el papel de la sociedad civil en la defensa del territorio y en la aplicación del principio de precaución y sustentabilidad.
No obstante, advirtió que los desarrolladores aún pueden interponer un recurso de revisión, lo que podría extender el proceso hasta por dos años más. “Lamentablemente, no existe hasta ahora ningún caso en el que se haya logrado la demolición efectiva de una construcción ilegal como esta. En ese tiempo, todo el desarrollo podría ya estar vendido y habitado”, señaló Vázquez Cavedon.
Faltas graves detectadas
Entre las irregularidades señaladas por DMAS y documentadas en el proceso judicial, destacan:
- Autorización de uso de suelo H4 (alta densidad habitacional) emitida en 2021.
- Licencia de construcción otorgada en 2022.
- Constancias estatales de congruencia urbanística expedidas en 2023.
- Omisión de la Profepa al no ejecutar medidas de clausura y restauración ambiental, pese a haber confirmado los daños.
¿Qué sigue para Maiim?
Aunque la orden judicial exige la demolición del complejo y la restauración ecológica del sitio, la batalla legal no ha terminado.
El caso representa una prueba clave para el cumplimiento de la ley ambiental en México y para determinar si los proyectos inmobiliarios en zonas protegidas realmente pueden ser detenidos.
