Poder y Crítica | Redacción | Al menos unas 300 familias podrían perder su patrimonio a causa de operaciones fraudulentas que realizaron los hermanos Herbé Jesús y Gibran Herbé Rodríguez Coello, nietos del exalcalde de Mérida, Herbé Rodríguez Abraham, quienes fueron imputados por los delitos de fraude genérico y falsificación de documentos en un problema de herencia familiar que impacta a los residentes y propietarios del fraccionamiento Alura Residencial, un quebranto que al día de hoy supera los mil millones de pesos.
El proyecto inmobiliario inició su preventa en 2015 y para marzo del 2016 los Rodríguez Coello anunciaban en redes sociales: «Con mucha emoción les informamos que ya se han comenzado a colocar las primeras columnas del parque. Avanzando a gran velocidad, muy pronto lo tendremos listo. ¿Quieres conocer #AluraResidencial? ¡Visitanos!»; el negocio navegaba viento en popa y la comercialización alcanzó niveles de éxito.
El desarrollo se ubica sobre la carretera a Chicxulub Puerto, entrando por la carretera que conduce a Motul, una ubicación estratégica en la zona norte de Mérida, sin embargo el negocio cayó en recesión cuando se supo que los terrenos del fraccionamiento se encontraban en un embargo precautorio en lo que también se incluían más de 50 predio por incumplir un pagaré dentro del expediente 1472/2023-6 del Juzgado en Materia Mercantil Federal.
En octubre del año pasado los hermanos Rodríguez Coello, fueron imputados por los delitos de fraude genérico y falsificación de documentos acusado de apropiación ilícitamente de 58 inmuebles localizados en los municipios de Mérida, Motul, Umán, Telchac Puerto y Progreso.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los imputados presentaron los trámites para apropiarse de los inmuebles ante las notarías con documentos falsos y firmas apócrifas; los hermanos Rodríguez Coello argumentaban que las propiedades habían sido donadas en vida por su abuelo. Sin embargo, se documentó que el exmandatario de Mérida no tenía la capacidad física para realizar dichos trámites legales, ya que sufría Alzheimer y padeció diversos infartos cerebrales.
Por ello la denuncia fue presentada ante el Registro Público de Propiedad y del Comercio de Yucatán, ya que los hermanos realizaron los trámites de donación entre febrero de 2015 y diciembre de 2022. Las maniobras ilegales lo realizaron en la notaría 126 y 25 de Mérida. También se les acusó de complicidad a Carolina Cervantes Torre y Alejandro Monsreal Rodríguez por facilitar las diligencias con los documentos falsos.
La imputación la dictó la jueza Jazmín Ojeda Alayón del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial y les ordenó que portaran brazalete electrónico para evitar una posible fuga; también fueron condenados a pagar una multa de 500 mil pesos y presentarse a firmar cada 15 días ante el juzgado. Los hijos del exalcalde, Herbé Rodríguez Sahuí y Zary Rodríguez de Castillo, fueron quienes presentaron el proceso legal contra sus hijos y sobrinos, respectivamente.
Sin embargo a finales de enero de este año, tras la valoración de datos y de pruebas así como los argumentos presentados por el equipo de defensa, la Jueza Segundo de Control Jazmín Ojeda Alayón, quien dictaminó el sobreseimiento total de la causa penal en contra de Herbe Jesús y Gibrán Herbe Rodríguez Coello, el fallo desestimó las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado y las declaraciones de quien se identificaba como víctima en este proceso jurídico.
Estas imputaciones se besaron en argumentos que, según la defensa, carecían de fundamento, dictámenes deficientes y testimonios falsos presentados por la ciudadana Sáhara R. S. A raíz de estas acusaciones, se les impusieron medidas cautelares y se inmovilizaron diversos bienes de su propiedad.
El pasado 14 de mayo el caso volvió a dar un giro y nuevamente los hermanos Rodríguez Coello, enfrentan señalamientos legales en el mismo expediente número 1472/2023-6 del Juzgado en Materia Mercantil Federal, ya que actualmente se encuentra en apelación tras un sobreseimiento dictado a favor de los hermanos.
Sin embargo, esta resolución no ha quedado firme, pues se dice, fue dictada de forma forzada, a la ligera y sin sustento jurídico. A pesar de ello, los demandados han intentado hacer creer a sus socios y clientes comerciales que el caso ya está resuelto, con el fin de generarles tranquilidad y mantener activas las operaciones comerciales.
Los Rodríguez Coello firmaron un pagaré y nunca cubrieron el monto pactado, según consta en el expediente número 1472/2023-6 del Juzgado Mercantil Federal— ha recurrido a diversas chicanas judiciales para evadir su obligación de pago.
Entre estas maniobras se incluyen: negar la autenticidad de su firma, solicitar la improcedencia de la vía legal y pedir el cambio de la medida de embargo precautorio por un depósito en efectivo. Todas estas solicitudes han sido rechazadas en estricto apego a derecho.
Los Rodríguez Coello han intentado liberar el embargo precautorio que pesa sobre varias de sus propiedades, entre las que se encuentran una residencia ubicada en Montebello número 316H; la joyería Triángulo Azul, en la calle 39 de la colonia Benito Juárez Norte; un lavadero de autos aún en construcción en la zona de industrias no contaminantes; bodegas industriales en el municipio de Umán, en las que engañó a sus socios inversionistas ocultando la verdadera situación legal de los predios.
Las crónicas familiares narran una serie de eventos que describen como un presunto abuso de confianza y manipulación hacia su abuelo y otros miembros de la familia. Dicen que todo comenzó cuando Herbe, un joven que no concluyó sus estudios universitarios, regresó a Mérida desde Puebla a sus 18 años, tras abandonar su segunda carrera.
Según el testimonio familiar, Herbe presuntamente llevó a su abuelo a diversas notarías, aprovechándose de su deteriorada memoria, para firmar múltiples documentos en los que supuestamente transfería propiedades y bienes. Entre los nombres de los notarios involucrados se encuentran Pedro Solís, Luis López Martín y Alejandro Monreal Rodríguez, quienes dicen que facilitaron las transacciones.
A pesar de los intentos legales de la familia para recuperar lo que describen como su legítima herencia, Herbe sigue ejerciendo control sobre propiedades y recursos familiares, lo que ha llevado a la familia a un prolongado conflicto legal y emocional.
Ahora, más de 300 familias, que se encuentran involucradas en este conflicto familiar, temen que en el nuevo embate judicial contra los comercializadores, sus propiedades les sean embargadas por los legítimos dueños del predio y temen perder su patrimonio, que según cálculos comerciales supera los mil millones de pesos actuales de todos los terrenos y casas comercializadas en Alura Residencial.
