PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Un tribunal surcoreano ha dictaminado que el arresto del presidente Yoon Suk-yeol fue ilegal, por lo que enfrentará en libertad su proceso penal relacionado con una acusación de insurrección, derivada de su declaración de la ley marcial.
Yoon, quien había estado detenido en un centro de detención en Uiwang desde el 15 de enero, fue liberado antes de las 18:00 hora local y trasladado a la residencia presidencial. La decisión se produjo después de que el Tribunal del Distrito Central de Seúl anuló su detención y la fiscalía decidió no recurrir al fallo.
En su liberación, Yoon expresó su agradecimiento al tribunal por «la valentía y determinación para corregir la ilegalidad». Su salida fue recibida con vítores de sus partidarios y miembros del gobernante Partido del Poder Popular (PPP).
El tribunal concluyó que el período de detención de Yoon excedió los límites legales, permitiéndole enfrentar los cargos de insurrección en libertad. Este delito podría acarrearle una pena de cadena perpetua, además de un juicio político paralelo en el que se decidirá si su destitución será ratificada.
El 14 de diciembre de 2024, el Parlamento surcoreano aprobó su destitución por la aplicación de la ley marcial, aunque esto sigue pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional, que debe determinar si la destitución será definitiva. Si el tribunal ratifica la destitución, se convocarían elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.
La liberación de Yoon ha exacerbado la polarización política en Corea del Sur. El PPP celebró su liberación, aunque criticó que se haya tardado, y destacó la necesidad de revisar todos los procedimientos legales en su contra. Por su parte, el Partido Democrático (PD) condenó la decisión, llamando a la liberación una «rendición imperdonable» y una «declaración de lealtad a un líder insurrecto». Las manifestaciones a favor y en contra de Yoon continúan mientras se define el futuro político del presidente en medio de esta crisis.
