Poder y Crítica | Redacción | Nada se puede ocultar en estos tiempos donde la tecnología y las redes sociales son la nueva tribuna del pueblo y de la libertad de expresión, hace unos días nos enteramos que La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 de los once municipios de QuintanaRoo y detectó presuntos quebrantos financieros a las arcas públicas que cometieron diez, de los 11 alcaldes, poniendo al descubierto la corrupción e impunidad con la que opera el auditor del estado, Miguel Cheluja Martínez.
La ASF detectó un quebranto general de 456 millones de pesos que Cheluja Martínez no vio o no quiso denunciar, sin embargo lo más grave es que no sancionó los faltantes en la cuenta de Othón P. Blanco donde Yensunni Martínez Hernandez le hinco duro el diente a los recursos dejando en la orfandad social a la capital del estado y logrando el título de la peor alcaldesa de México.
Como Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, Miguel Zogby Cheluja Martínez tiene un grave conflicto de interés para revisar la Cuenta Pública de Othón P. Blanco y para justificarse delegó sus funciones a la Auditora Especial en Materia de Desempeño y a la Directora de Control y Seguimiento de Resultados de Fiscalización para que sean quienes se encarguen de la cuenta pública 2024 de Othón P. Blanco.
El motivo: el conflicto de interés. Ese que el Congreso cuando lo nombró afirmó que no existía, ahora todos están preocupados porque la ley no sea violentada y la Cuarta Transformación sea exhibida como corrupta.
Pero muchos dice que es una simulación, Cheluja Martínez, quien decidió no ejecutar la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2024 de Othón P. Blanco, municipio en el que fungió como tesorero al mando de Yensunni Martínez Hernández y que ya se sabe cometió un grave quebranto financiero que supera los 100 millones de pesos.
En un documento Cheluja Martínez presentó una excusa para evitar ejecutar los actos de fiscalización, pero en su lugar pondrá a trabajar a la Auditoría Especial en Materia de Desempeño y a la directora de Control y Seguimiento que realice su trabajo de revisar los datos financieros de tal municipio: “Todos los servidores públicos están para evitar y declarar cualquier conducta que pueda generar un conflicto de intereses con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades” (sic), se lee en la excusa que puso Cheluja.
Pero estos son apenas actos de simulación porque ambos entes fiscalizadores se encuentran dentro del organigrama del Aseqroo, que finalmente está a cargo de Cheluja Martínez. En el acuerdo emitido por este funcionario, se excusa en realizar los actos de fiscalización en Othón P. Blanco, debido a que se encuentra en un conflicto de intereses, pues buscaría primero esclarecer los faltantes económicos de Yensunni Martínez y, luego, cuentas que él mismo dejó pendientes años atrás. El actual auditor titular de la Aseqroo, fue tesorero en ese municipio en los últimos tres años, antes de tomar el puesto actual a mediados de 2024.
Pese a que se iba a encontrar en un principio con este conflicto de intereses, eso no le importó al Congreso de Quintana Roo, el cual le entregó uno de los puestos más altos en esta entidad, encargado de fiscalizar alrededor de 50 mil millones de pesos que anualmente se ejercen en todo el estado.
Desde su designación el 30 de agosto pasado, las críticas apuntaban a que su nombramiento violaba la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual prohíbe que funcionarios supervisen instituciones en las que hayan trabajado recientemente.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las que hubiesen prestado servicios, toda vez que, pudieran generar conflicto de intereses en el desempeño de la aplicación de los principios y directrices en el actuar de sus funciones como Auditor Superior del Estado de #QuintanaRoo.
Sin embargo, los diputados locales, encabezados por la bancada de Morena y aliados, que lo eligieron hicieron oídos sordos y desestimaron estas advertencias y aseguraron que no había impedimentos legales, dando la espalda una vez más a la sociedad y a las leyes vigentes en el estado.
Un giro predecible, pero que deja en entredicho la transparencia del proceso que lo llevó al cargo y la credibilidad del Congreso que lo respaldó.
Asimismo, queda a reserva de especialistas en materia de fiscalización organizaciones de contadores, solicitar la destitución de Miguel Cheluja, como auditor del estado, por evidente conflicto de intereses para ocupar dicho cargo.
Lo que hay que preguntarse es cómo el actual gobierno y sobre todo el Congreso local solapará las observaciones de 456 millones de pesos de malversación de fondos que Cheluja Martínez, como dijomos, no vio o no quiso denunciar pues cómplice del mismo saqueo, sobre todoen Othón P. Blanco.
