PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Nuevamente la bancada de morena apoyada con la «Mafia Verde» que comanda Renán Sánchez Tajonar asestaron otro golpe al pueblo quintanaorrense; el Congreso aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes bloquean calles, avenidas o carreteras de competencia estatal, con estos cambios, cualquier persona que participe en bloqueos podrá ser procesada penalmente de oficio y enfrentará penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas económicas, que el pueblo ya la nombre «Ley Garrote».
Las modificaciones de los artículos 182 y 185 Bis está dirigida principalmente a operadores del transporte público, en particular taxistas, que han protagonizado bloqueos y actos violentos en los últimos meses, la medida también afecta a otros sectores sociales que han recurrido a esta forma de protesta como último recurso para exigir justicia, como las madres buscadoras o quienes protestan por una injusticia como los atropellos de la fiscalía y la policía estatal.
Ejidatarios indígenas, motociclistas, madres buscadoras, colonos y ciudadanos que han manifestado su inconformidad en Quintana Roo ahora estarán bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual podrá iniciar procesos penales sin necesidad de una denuncia previa; las movilizaciones en vías de comunicación han sido históricamente un recurso para que comunidades marginadas hagan oír sus demandas, con esta reforma, quienes bloquean vialidades para exigir derechos podrían ser castigados de la misma forma que quienes ejercen la violencia para imponer sus intereses.
Ejidatarios que han reclamado tierras, motociclistas que se opusieron a la “Ley Chaleco”, vecinos que exigieron servicios básicos o madres buscadoras que cerraron calles en demanda de la localización de sus seres queridos ahora podrían ser considerados delincuentes, y es que en lugar de atender las causas que llevan a la ciudadanía a bloquear calles, el gobierno estatal adopta una estrategia punitiva que profundiza la desconfianza hacia las autoridades y genera un clima de represión social.
La reforma establece que cualquier alteración o daño a la infraestructura vial será sancionado, sin embargo, preocupa que no se haga distinción entre protestas pacíficas y actos delictivos. Mientras que algunos taxistas han protagonizado enfrentamientos violentos, ciudadanos que han cerrado llamadas sin recurrir a la violencia podrían enfrentar la misma severidad legal.
Si bien es necesario garantizar la libre circulación, la criminalización de la protesta podría disuadir a sectores vulnerables de expresar sus necesidades, perpetuando la desigualdad y la desatención gubernamental, pero lejos de contribuir a la paz social, esta ley podría escalar el descontento en un estado donde la relación entre ciudadanía y gobierno es cada vez más tensa. Las leyes deben equilibrar el orden público con el respeto a los derechos fundamentales, no convertirse en un instrumento para silenciar el descontento.
Por eso la sociedad reclama que La XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo les dio un golpe bajo a la libertad de expresión y al derecho de protesta en nombre de la “paz social”, con dichas reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad, el castigo por bloqueos de calles, avenidas y carreteras estatales va más allá de lo que podría considerarse razonable.
Esta reforma, que se justifica en nombre de la “seguridad” y el “orden público”, lo que en realidad busca es silenciar a los sectores más vulnerables que intentan hacer valer sus derechos. El mensaje es claro: si te atreves a interrumpir el flujo de los negocios y el turismo con tus bloqueos, que no se olvide que la ley tiene una prisión de 6 meses a 4 años esperándote.
Para los taxistas las penas se incrementan de manera exponencial, les pueden quitar la concesión y la licencia de conducir, el gobierno se asegura de que ningún grito de protesta quede sin respuesta. Para los el grueso de la población, desde una perspectiva legal, lo que se está viendo, no es solo una manipulación del sistema judicial para que castigue más duramente a ciertos sectores, sino un claro intento de amordazar a aquellos que, ante la falta de respuesta a sus demandas, se ven forzados a alzar la voz de la única manera que los dejan: interrumpir el tráfico para reclamar justicia.
Con penas de hasta 4 años de cárcel por bloquear calles, el gobierno estatal no está resolviendo los problemas de fondo; está respondiendo con medidas represivas que no abordan las causas sociales de los bloqueos. No hay una protesta de taxistas o de ciudadanos que decidan bloquear por deporte, sino que hay demandas legítimas de un sistema que ha ignorado a ciertos grupos.
Desde el ángulo social, esto es una bofetada a los derechos humanos. Las prioridades son otras: que los turistas sigan llegando y que las inversiones no se vean “afectadas”.
A nivel político, la reforma es un acto de control, una clara jugada para acallar a quienes perturban ese “equilibrio” que favorece a unos pocos.
Esta reforma no es más que una excusa para fortalecer el control social y económico a través de una represión disfrazada de justicia. Es un “no protestes, no hables, no interrumpas” en una sociedad que claramente ya no aguanta más.
La respuesta a los bloqueos por parte de la Cuarta Transformación, no es el diálogo, sino la represión disfrazada de justicia.
¡No Protestes! ¡No Bloquees! Los diputados del Morena, PVEM y PT aprobaron las modificaciones para que ahora esa libertad de expresión y de exigencia de justicia se persiga de oficio a quienes realicen bloqueos de carreteras estatales, de calles y avenidas para cualquier persona. Antes de esta reforma, sólo se perseguían con demanda de por medio.
El artículo 182 del Código Penal ahora dice: “Al que de cualquier modo dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique alguna vía, señalización, aparato, tecnología, instalación, mobiliario de infraestructura vial, medio de comunicación o de transporte destinado a la prestación de los servicios público o privado de transporte en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que no sean de competencia federal, interrumpiendo o dificultando los servicios, se le aplicará prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa.
El artículo 185 Bis establece, además, el agravante para cuando estos actos los cometan taxistas y la persecución de oficio, de esta manera: “Cuando alguna de las conductas contenidas en los artículos 182, 183, 184 y 185 de este código sea llevada a cabo por persona que se encuentre en el ejercicio de sus labores relacionadas con la prestación del servicio público o privado de transporte en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, las penas señaladas en cada uno de esos artículos aumentarán hasta una mitad más de la pena que corresponda. Estos delitos se perseguirán de oficio”.
Los actos que realicen con explosivos o material incendiario; tendrán una pena de uno a 6 años si en esos actos ponen un vehículo en desplazamiento sin control; y serán inhabilitados para conducir de uno a 7 años y medio si causan daños usando un vehículo.
La reforma, presentada por el gobierno morenista es sencillamente una !Ley Garrote!
