PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, presentó al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para que los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado sean electos mediante voto popular, siguiendo los lineamientos de la reciente reforma judicial federal impulsada por Morena.
La iniciativa fue entregada por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jesús Manuel Argáez de los Santos, acompañado del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, y el vocero de la gubernatura, Fernando Vázquez Rosas. Según Argáez, esta propuesta respeta los criterios establecidos en la reforma federal y busca fortalecer la justicia en el estado:
“Será todo en apego estricto a lo que marca la propia ley, el respeto completo a la legalidad”, destacó Argáez.
La propuesta fue recibida por Jorge Bracamonte Hernández, coordinador de la bancada de Morena, y el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana, quienes señalaron que el objetivo es aprobarla antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso local.
Puntos clave de la reforma:
- Elección popular: Los jueces y magistrados serán electos por voto directo de los ciudadanos, a semejanza del nuevo esquema nacional.
- Mejorar la justicia: Según el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, el propósito de esta reforma es garantizar una justicia pronta y expedita, enfocada en beneficiar a los ciudadanos.
- Derechos laborales intactos: Se aseguró que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados con esta iniciativa.
Esta reforma se alinea con la reforma judicial nacional aprobada previamente por Morena y sus aliados, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. A nivel nacional, las primeras elecciones para estos cargos están programadas para el 1 de junio de 2025.
El gobernador de Tabasco busca posicionar al estado como precursor en la implementación de este modelo, lo que podría marcar un hito en la democratización del acceso a la justicia en el ámbito estatal.
