PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Unión de Concesionarios de Grúas de Tabasco acusó irregularidades en la entrega de permisos de arrastre de vehículos durante los últimos tres años del gobierno estatal anterior. Según el empresario Héctor Leonardo Pérez López, representante de «Grúas Pérez», el número de empresas autorizadas para operar creció de 15 a 42, sin estudios de factibilidad y sin cumplir con las normativas de seguridad.
Principales señalamientos
- Falta de cumplimiento normativo: Algunas empresas operan sin logotipos ni medidas de seguridad, lo que las convierte en posibles «piratas».
- Permisos en veda electoral: Se denunciaron autorizaciones realizadas durante periodos en los que está prohibido por ley.
- Distribución inequitativa: Empresas con una o dos grúas fueron autorizadas para cubrir hasta ocho municipios, contraviniendo la norma que exige un corralón y una grúa por municipio.
Pérez López pidió al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Rafael Elías Sánchez Cabrales, revisar el padrón estatal de concesionarios para verificar el cumplimiento de las normas y tomar medidas contra quienes operen fuera de la legalidad.
Impacto en el sector y tarifas desreguladas
El empresario afirmó que la presencia de empresas irregulares ha afectado los ingresos de los concesionarios formales hasta en un 70%. Además, destacó un desorden en las tarifas de arrastre y corralón, lo que afecta tanto a las empresas como a los ciudadanos que utilizan el servicio.
«Es muy importante legislar la tarifa porque con eso se regularán los costos del servicio. Ahora hay un desorden total, y el afectado es el ciudadano», declaró.
Exigencias al gobierno actual
La Unión de Concesionarios solicita:
- Revisión del padrón: Verificar si las 42 empresas cumplen con los requisitos.
- Legislación de tarifas: Establecer un marco legal que regule los costos de los servicios de grúas y corralones.
- Control estricto: Garantizar que las empresas operen bajo las normas vigentes, promoviendo la equidad y seguridad en el sector.
El tema pone en evidencia la necesidad de una regulación efectiva en el sector para garantizar la transparencia y evitar abusos que perjudiquen tanto a las empresas legales como a los usuarios.
