PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La normativa que buscaba regular la operación de Uber en Quintana Roo fue declarada inconstitucional por el juzgado octavo de distrito, al considerar que interfería en acuerdos entre particulares y afectaba directamente a los socios conductores. La resolución favorable proviene del juicio de amparo 530/2023-VII y su acumulado 802/2023, promovido contra disposiciones de la Ley de Movilidad del estado en mayo de 2023.
Entre los artículos declarados inconstitucionales destaca el 148, que exigía una concesión para operar servicios de transporte mediante plataformas digitales. El juzgado determinó que el servicio privado de transporte gestionado por plataformas como Uber es distinto al transporte público tradicional, sentando un precedente que protege a los conductores de sanciones arbitrarias y del decomiso de sus vehículos.
Asimismo, el tribunal declaró inconstitucional la facultad de las autoridades para retirar vehículos de conductores de plataformas digitales, al considerarlo una violación al derecho al trabajo y a la libertad contractual. Esta decisión fue considerada un avance en el reconocimiento de las plataformas digitales como una alternativa de movilidad legítima.
Aunque el tema legal continúa, la resolución marca un precedente clave para la regulación de estas plataformas, con implicaciones no solo para Quintana Roo, sino también para el resto del país. Uber celebró el fallo como un paso importante en el reconocimiento de los derechos de conductores y usuarios.
