Poder y Crítica | Redacción | El alcalde Alejandro Ruz Castro presentó ante las y los integrantes del Cabildo, la propuesta para resolver los procedimientos legales contenciosos entre el Ayuntamiento de Mérida y el Banco Santander por el tema de las luminarias, misma que fue aprobada en sesión.
En la relatoría del contexto de esta disputa legal, Ruz Castro recordó que en la administración de Angélica Araujo Lara se autorizó la adquisición de nuevas lámparas para el alumbrado público, que sustituirían las existentes con tecnología de vapor de sodio por otras de inducción magnética.
En 2011, Araujo Lara suscribió un contrato de arrendamiento con ABC Leasing para el suministro de lámparas de inducción magnética para la red municipal de alumbrado público por un monto de 468 millones de pesos por un período de cinco años, por ello, en la primera administración de Renán Barrera Concha, el 31 de octubre de 2012, se creó la comisión especial para la atención y solución del problema de las luminarias en Mérida.
Como resultado de la labor de esta comisión especial, se determinó la terminación anticipada del contrato de arrendamiento en 2013, basada esta resolución en las fallas en las luminarias por parte de la empresa arrendadora y el número de reportes ciudadanos de lámparas apagadas, por tanto, se acordó adquirir 72 mil lámparas nuevas de vapor de sodio que se instalaron para sustituir las de inducción magnética.
Hace 11 años se inició el primer proceso jurídico que realizó la empresa ABC Leasing, misma que posteriormente cedió sus derechos de cobro al Banco Santander, institución que obtuvo una resolución judicial que le fuera favorable, por lo que después de varios litigios, ambas partes acordaron cumplir dicha sentencia mediante un programa de pagos que no afectará los intereses de las y los ciudadanos que son atendidos por el Municipio, así como la prestación de los servicios públicos municipales.
En esta propuesta se planteó celebrar un convenio de transacción para fijar el monto a pagar en la cantidad de 475 millones de pesos, de los cuales el Municipio en esta administración 2021-2024 pagará 175 millones de pesos como pago inicial, quedando la liquidación del saldo pendiente a razón de 5 millones de pesos mensuales durante 60 meses, cantidad que no causará intereses moratorios.
El Primer Edil señaló que esta resolución ratifica que al Municipio le ha asistido la razón cuando afirma que una sentencia de este tipo únicamente se puede cumplir a través de un programa de pagos que no ponga en riesgo los programas prioritarios y la prestación de los servicios públicos.
Además, agregó que el convenio transaccional debidamente ratificado tiene el valor legal de cosa juzgada y se tendrá al municipio por cumplido en vía de ejecución de la sentencia a la que está obligado, así como representa que se cierran gradualmente todos los procesos legales en contra del Ayuntamiento de Mérida.
Finalmente, la actual administración municipal trabaja para entregar a las siguientes autoridades un menor riesgo de deuda pública, con procesos transparentes y esquemas financieros que no afecten la prestación de servicios en la ciudad.
