Poder y Crítica | Redacción | El ducto de gas “Cuxtal II” que se construirá para traer gas natural a la Península de Yucatán entraría en operación hasta 2027. El proyecto está destinado a surtir el 97 por ciento de la demanda de CFE y el 3 por ciento para el sector empresarial. No obstante, los proyectos energéticos renovables, como los 10 parques eólicos y fotovoltaicos que están en pausa en la entidad deberán avanzar en la siguiente administración federal para mejorar la demanda eléctrica de la Península, consideró el subsecretario de Energía del Gobierno del Estado, Juan Carlos Vega Milke.
Destacó que los proyectos energéticos renovables deberán ser retomados por la próxima administración federal para complementar la creciente demanda de energía en la región.
Señaló que la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento poblacional del estado han generado un incremento del 50 por ciento en la demanda de energía eléctrica, aumento que deberá ser cubierto tanto por las plantas de ciclo combinado de la CFE como por los proyectos de energía renovable.
El subsecretario mencionó que los proyectos eólicos y solares, anunciados hace ocho años, no han sido descartados, aunque hasta la fecha solo cuatro de estos funcionan.
Comentó que algunas empresas han visto caducar sus permisos, mientras que otras aún los mantienen vigentes. Sin embargo, enfatizó que la autorización para la construcción de estas plantas recae en el gobierno federal, y que estas energías limpias son cruciales para las empresas internacionales que operan en la región. “Sí o sí, Yucatán necesita de estas energías”, afirmó.
“La implementación del ducto “Cuxtal II” y el avance de los proyectos renovables son esenciales para garantizar un suministro energético adecuado y sostenible, respondiendo a las demandas crecientes de una región en pleno desarrollo económico y demográfico”, apuntó.
Sobre el tema de las plantas de energía solar y eólica anunciadas, opinó que, se espera que, el Gobierno Federal retome estos proyectos y permita su operación, mejorando la eficiencia, costo y distribución de la energía disponible para el estado. Puntualizó que, algunas empresas podrán reactivar sus procesos de gestión de permisos de impacto ambiental y continuar con el proceso burocrático, luego de 8 años de espera.
