PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Corte Constitucional de Ecuador, con siete votos a favor de sus nueve magistrados, ha dado un paso significativo al despenalizar la eutanasia en el país.
Esta decisión convierte a Ecuador en el segundo país latinoamericano en reconocer el derecho a la eutanasia, después de Colombia.
El pasado miércoles 07 de febrero del 2024, Ecuador aprobó la eutanasia, permitiendo a los médicos ayudar a morir a pacientes sin enfrentar cargos penales. La Corte Constitucional basó su decisión en el caso de Paola Roldán, una paciente de 43 años que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable y dolorosa.
La decisión de la Corte Constitucional supone un avance en el reconocimiento de los derechos humanos en Ecuador. Paola Roldán, de 43 años, que sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa y dolorosa, quien luchó por la despenalización de la eutanasia, se convierte en un símbolo de esta causa en el país.
“La mujer interpuso en agosto de 2023 una demanda contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, que considera el procedimiento como un homicidio y prevé una pena de prisión de entre 10 y 13 años”, informó el medio de noticias DW.
La sentencia le dio la razón sobre la «inconstitucionalidad» del apartado, Farith Simon, uno de los abogados de Roldán, indicó en sus redes sociales que «la sentencia es de cumplimiento INMEDIATO».
Aunque la eutanasia ha sido despenalizada, el Ministerio de Salud aún debe presentar un proyecto de ley al Congreso para regular el procedimiento. La Defensoría del Pueblo también deberá redactar un proyecto de ley que será sometido a aprobación parlamentaria.
La sentencia ha sido recibida con gran interés y apoyo por parte de la sociedad ecuatoriana. Se espera que la regulación de la eutanasia garantice el derecho a una muerte digna para aquellos que enfrentan sufrimientos físicos y emocionales insoportables debido a enfermedades incurables.
La despenalización de la eutanasia en Ecuador representa un avance en la protección de los derechos humanos y la autonomía de las personas en decisiones relacionadas con su salud y bienestar. Este paso hacia la muerte digna marca un hito importante en la historia legal y social del país.
