PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Fiscalía General de Venezuela anunció el martes la apertura de una investigación a los organizadores de un concierto reciente del cantante Romeo Santos por presuntas irregularidades y vínculos de las empresas productoras con un recluso condenado por delitos de tráfico de drogas.
Mediante su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que se van a “investigar y sancionar irregularidades cometidas por la empresa Panteras Entertaiment y Global Boletosvzla”, las cuales “agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos”.
Saab comentó que las pesquisas iniciales arrojaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien fue detenido y “enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en el 2015 en República Dominicana”.
Fue sentenciado en noviembre de 2020 a 30 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financista y asociación para delinquir.
El concierto estaba programado para las 8.00 de la noche del domingo, pero fallas en la organización y en las conexiones de los vuelos ocasionaron que el cantante llegase retrasado al país y subiese al escenario a las 4.00 de la mañana del lunes, cuando miles de los asistentes ya se habían retirado de la base aérea de La Carlota, donde se celebraba el evento, ubicada en el este de Caracas.
La Fiscalía señaló que Araujo Durán operaba desde el Centro de Formación del Hombre Nuevo, un recinto carcelario de Caracas, donde organizaba espectáculos musicales en complicidad con el director de la prisión, identificado como Argenis Guerra, quien fue detenido, junto a otros funcionarios carcelarios.
Araujo D deurán, con el apoyo interno en su lugar de reclusión, también presuntamente estafó a los organizadores de un concierto en marzo pasado del reggaetonero Anuel AA, añadió la fiscalía general, que aspira ampliar la condena del reo.
El Ministerio Público solicitará, además, como medida preventiva, la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas, informó la Fiscalía.
