PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El expresidente peruano Alberto Fujimori salió de la cárcel este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de “Barbadillo”, en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que solicitaba al Estado de Perú abstenerse de liberar al expresidente con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori”, indicaba la resolución publicada por la CorteIDH y con fecha del 5 de diciembre.
La resolución publicada este miércoles por la CorteIDH se da luego de que los representantes de las víctimas presentaron un escrito el martes en el que alegaron que existe “una situación de extrema urgencia pues la máxima instancia jurisdiccional a nivel nacional ha adoptado una decisión en abierto desacato a lo ordenado por las Resoluciones de la Corte Interamericana del 2018 y el 2022”.
La CorteIDH detalló que los representantes de las víctimas denunciaron que la liberación de Fujimori “generaría un daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares” ya que “no hay recursos a nivel nacional para cuestionar la decisión” del Tribunal Constitucional.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
El expresidente peruano aludió a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de prisión.
Con información de EFE
