PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Fiscalía General de la República (FGR) no podrá transferir al patrimonio público la residencia de Emilio Lozoya, ubicada en la colonia Lomas de Bezares al poniente de la Ciudad de México, con un valor superior a los 38 millones de pesos, y por el contrario, deberá devolver la propiedad al ex funcionario, establece una sentencia judicial.
La resolución fue emitida por la jueza federal, Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, quien declaró improcedente el recurso legal que buscaba la confiscación definitiva de la propiedad perteneciente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La juzgadora consideró que la FGR cometió un error al solicitar el cambio de propietario de la residencia utilizando leyes de extinción de dominio y lavado de dinero que no estaban vigentes al momento de los hechos que se le imputan a Lozoya.
La Fiscalía de la República sostenía que Lozoya Austin había adquirido la casa en 2012 con supuestos sobornos de Alonso Ancira —exdueño de Altos Hornos de México— para la compra de la planta de Agronitrogenados.
“Debe declarase improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble. El hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio”, consideró la juzgadora.
Se trata de la segunda derrota que la FGR recibe en el caso Agronitrogenados. Previamente, otro juez federal suspendió el proceso penal contra Lozoya por considerar que la reparación del daño, estimada por el gobierno federal en más de 200 millones de dólares, ya había sido garantizada por el otro imputado en la causa penal de Agronitrogenados, es decir, por el empresario Alonso Ancira.
En este contexto, la FGR buscaba un juicio de extinción de dominio para transferir la propiedad de Lozoya Austin al gobierno federal, pero la jueza Osorno declaró improcedente esta solicitud.
La decisión de la jueza federal todavía puede ser impugnada por la FGR ante un tribunal colegiado para que los magistrados del mismo emitan la sentencia definitiva.
