Poder y Crítica | Redacción | Tabasco se encuentra en el lugar 32 del ranking nacional de personas desaparecidas, lo que significa que es la entidad del país con el menor nivel de incidencia, como resultado de los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional que las instituciones de seguridad y justicia mantienen para combatir esta problemática.
Así lo destacó el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León, al encabezar la firma del Convenio de Coordinación para la elaboración del Estudio de Análisis del Contexto con Fines de Búsqueda sobre la problemática de las desapariciones en territorio tabasqueño, entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
El responsable de la política interna estatal subrayó que de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio nuestro estado se ha mantenido entre los lugares 28 y 32 en materia de desapariciones, ‘siendo el primer lugar el peor y el último el mejor’.
En representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el titular de la Del Rivero León remarcó que estos resultados son producto de una serie de acciones que iniciaron desde enero de 2019 y que tuvieron como punto de partida la expedición de la ley estatal en materia de desaparición de personas, de las primeras en concretarse en el país.
Esa acción dio paso a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lo que a su vez generó a una dinámica muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), e incluso, con instituciones del orden federal, como la Delegación de Programas Federales de Bienestar, resaltó.
Acompañado del rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, y los titulares de la SSPC, Hernán Bermúdez Requena, y de la FGE, Nicolás Ovando Bautista, Guillermo del Rivero señaló que aunque se han logrado avances en la materia, ‘eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en redoblar esfuerzos’.
El reto, estableció, es que no existan en Tabasco personas desaparecidas, por lo que también valoró las tareas que se llevan a cabo en el seno de la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz.
Subrayó que gracias al trabajo colaborativo de todas las instituciones, en nuestra entidad el tema de los derechos humanos pasó de ser letra muerta, a ser una realidad que implica el respeto y reconocimiento pleno de las autoridades a los derechos de las personas, sin importar nacionalidad y origen.
Explicó que al ser Tabasco un estado con alrededor de 110 kilómetros de frontera con Guatemala, es paso obligado de ‘transmigrantes’, de allí la necesidad de establecer un trabajo que permita rescatar a las personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad.
En presencia de José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Eduardo Cruz Latournerie, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el secretario de Gobierno mencionó que el convenio formalizado este jueves refleja la importancia de vincular a la universidad con los distintos retos que enfrenta la administración pública.
‘PONER FIN A INCERTIDUMBRE’
Este convenio es un reconocimiento a nuestra máxima casa de estudios como la institución con mayor capacidad para estudiar los problemas y conocerlos de raíz; el estudio nos va a permitir conocer, entre otras cosas, el entorno de las personas que están reportadas como desaparecidas y evidenciar las causas, para diseñar políticas públicas que contribuyan a evitar las desapariciones, estableció.
De lo que se trata es de garantizar el derecho a ser buscados y ser encontrados, agregó el rector de la máxima casa de estudios, Guillermo Narváez, e indicó que este acuerdo significa que la universidad está cumpliendo con una de sus misiones fundamentales, que es la de aportar a los ‘grandes tomadores de decisiones’ para que el estado vaya de mejor manera.
En el evento protocolario efectuado en la Sala de Juntas de Rectoría de la UJAT, Narváez Osorio valoró el trabajo que el Gobierno del Estado realiza en lo referente a la protección y seguridad de las personas, y advirtió que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de indefensión.
Expuso que la desaparición forzada es un fenómeno muy doloroso en México y tiene distintos orígenes, y lo más delicado, según la ONU, es que muchas veces son cometidos por agentes que de una u otra manera están ligados con el Estado o con el crimen organizado.
De allí que el mecanismo suscrito con la universidad, y subsidiado por la Federación con el fin de dotar a los estados de herramientas para combatir la problemática, ayudará a sentar bases para visibilizar lo que ocurre en Tabasco en el tema y crear políticas necesarias que ayuden a poner fin a la incertidumbre y dolor que este tipo de hechos provoca en las familias de los desaparecidos, concluyó Eduardo Cruz.
