PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El exfiscal antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, compareció ante un juez de control en la audiencia inicial que se le sigue para tratar de procesarlo por los delitos de desaparición forzada de persona, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Al término de la audiencia inicial, se le dictó prisión preventiva justificada de manera provisional.
Durante la audiencia, los abogados del ex fiscal, uno de los principales responsables de investigar el caso Ayotzinapa, solicitaron al juez de la causa la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas de descargo.
La audiencia inicial estuvo a cargo del juez de Control, Juan José Hernández Leyva, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
En el expediente de la causa penal 148/2021, el juez de control le dictó prisión preventiva justificada de manera provisional al ex servidor público.
Además, citó a las partes para el próximo sábado 1 de julio a las 10 de la mañana, para continuar con la audiencia de vinculación a proceso del imputado.
De acuerdo con las imputaciones, Gualberto Ramírez Gutiérrez incurrió en el delito de coalición de servidores públicos por avalar actos contrarios a la ley durante la investigación del caso Ayotzinapa.
La principal imputación contra el ex fiscal antisecuestros es por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, durante un interrogatorio que fue videograbado y en el que se observan conducttas que defensores de derechos humanos han calificado como ejemplos de tortura.
El periódico Reforma señala que en la audiencia de imputación se sumó contra Gualberto Ramírez la imputación por intervención de comunicaciones privadas por revisar la lista de contactos del presunto criminal, sin haber solicitado la autorización de un juez federal.
Por lo que se refiere a la prisión preventiva que deberá purgar en el Reclusorio Sur, por lo menos hasta que el juez determine si lo vincula o no a proceso, la FGR argumentó falta de arraigo del ex servidor público y la negativa para comparecer de forma voluntaria tras varios citatorios.
