Poder y Crítica | Redacción | Ocho de los 16 militares mexicanos detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, decidieron guardar silencio durante su declaración ante la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Estos ocho militares fueron detenidos el pasado martes por su supuesta implicación en el ataque y posterior desaparición de 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en las afueras de Iguala (Guerrero), que ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas.
Además, los militares han pedido ampliar de 72 a 144 horas el plazo para decidir si se les dictamina la prisión por delito de desaparición forzada de personas, según publicó la agencia Reforma.
Los soldados, que se encuentran en la prisión del Campo Militar Número Uno, son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
El coronel Rafael Hernández Nieto también recibió la orden de captura y, a diferencia de sus compañeros que se entregaron, se encuentra en “calidad de prófugo”.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida, y el Gobierno mexicano los dio por muertos en agosto de 2022.
Hasta el momento solamente se han identificado restos de tres de los 43 desaparecidos.
GIEI SE IRÁ
Paralelamente, el diario español El País informó que el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) se irá definitivamente de México el próximo mes, según la postura de sus dos integrantes, Carlos Beristáin y Ángela Buitrago.
Con esto, dejarán el caso Ayotzinapa tras varios desencuentros con el Ejército y luego de haber presentado su quinto informe sobre la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos.
En ese informe, los expertos señalaron que el Ejército esconde información de manera deliberada sobre el caso.
Durante la presentación de sus hallazgos, los expertos reafirmaron que las fuerzas castrenses les habían dicho que ciertos documentos y registros no existían, incluso después de que el GIEI los hubiera obtenido.
