Poder y Crítica | Redacción | Con el propósito de garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos, la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quien tenga una sentencia firme por agresión sexual o sea deudor alimentario.
En la sesión ordinaria número 25, presidida por la diputada Mildred Ávila Vera, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se busca suspender los derechos o prerrogativas de aquellas personas que tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
También se les suspenderán sus derechos a quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En la misma sesión se aprobó también la minuta de reforma constitucional a los artículos 55 y 91 de la Constitución federal, que reducen la edad mínima para ocupar los cargos de diputada o diputado y secretaria o secretario de Estado.
Con la modificación avalada por el Congreso de Quintana Roo, se busca disminuir de 21 a 18 años la edad con la que deben contar las personas que ocupen el cargo de diputada o diputado.
A través de la reforma, se busca dar un reconocimiento a la relevancia de la participación de las juventudes en la deliberación y toma de decisiones, para dar voz a sus expresiones, visión, filosofía y cosmovisión del mundo y para enriquecer los procesos de resolución de los problemas y asuntos de interés colectivo, en los cuales sus propios intereses deben estar legítimamente representados en el Poder Legislativo.
En la sesión número 26, el Pleno Legislativo aprobó adiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, para la implementación de sistemas de manejo ambiental como una herramienta que defienda los criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los ayuntamientos y las dependencias.
A través de estos sistemas, se busca contribuir considerablemente a la sustentabilidad en las actividades públicas y al fomento de una cultura ambiental en el servicio público, disminuyendo el impacto negativo en nuestro entorno natural, mediante la maximización de recursos, haciendo un uso racional y eficiente de los mismos.
