Poder y Crítica | Redacción | El Instituto Nacional Electoral (INE) acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “y a todas las vías legales”, para combatir la reforma electoral, al advertir que los cambios destruyen la estructura del organismo y afectan a 84.6 por ciento de las 2 mil 571 plazas que integran el servicio profesional de carrera en el INE.
Los consejeros afirmaron que los cambios a las leyes secundarias ponen en riesgo las elecciones del 2024, por lo que hicieron un llamado a los legisladores a analizar los impactos y, a temprana hora, pidieron a los senadores “enmendar la plana” a los diputados y “limpiar de vicios de inconstitucionalidad a esta reforma”.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo que el INE “no está confrontado con nadie, sólo aplica la ley”, aunque justo ayer, en sesión extraordinaria urgente, fueron aprobados lineamientos para acotar las actividades políticas de los funcionarios públicos.
Ante la prensa, con distintos matices, los consejeros hablaron de defender ante la SCJN el cargo de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, quien será cesado por la eliminación de la junta general ejecutiva.
También defendieron la estructura permanente de los 300 distritos electorales (cinco posiciones directivas en cada uno), al destacar que llegan a su plaza por concurso y son permanentemente capacitados.
La reforma deja una posición operativa permanente en cada distrito y completar las plazas en periodo electoral, mientras que en las juntas estatales (locales) se reducen los altos mandos de cinco a tres en cada una.
Jacobo Molina señaló al respecto: “De ahí vienen esos números (afectación a 84 por ciento de la plantilla), dejan solamente 396 posiciones de las 2 mil 571 plazas” actuales.
Al mismo tiempo, los integrantes del consejo general del INE se ofrecieron a dar acompañamiento a los trabajadores despedidos.
“Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario, han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales”, se indica en el pronunciamiento leído por Córdova.
Subrayaron que la reforma trastoca al sistema electoral y, en consecuencia, “la paz pública y la gobernabilidad democrática”.
Advirtieron deficiencias que ponen en peligro la operación de los comicios, además de los efectos no deseables de la compactación de calendarios, por ejemplo, para seleccionar funcionarios de casilla, y las consecuencias orgánicas y procedimentales.
Antes citaron impactos en el trabajo en territorio, en la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de cómputos de los votos, así como a la atención en los módulos en los que se tramita la credencial para votar. Consideran que la reforma trastoca el monitoreo de radio y televisión, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el combate a la violencia política.
“Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera”, mencionó Córdova.
