PODER Y CRITICA | El gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador perdonó al presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal el delito de ‘lavado de dinero’ que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) iniciara en su contra en junio del 2021.
“La denuncia formal contra Dzul Caamal, como presunto responsable de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue ‘archivada’, le dieron ‘carpetazo’ por órdenes superiores”, reveló una fuente de la SHCP a Poder y Crítica.
Fue a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, el director general de Procesos Legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar, mediante el oficio 110/E/223/2021, quienes fueron alertados que del análisis de las actividades financieras, fiscal y corporativas del entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tulum, constataban que los recursos operados no se encuentran justificados y que pudo incurrir en lavado de dinero producto de la corrupción, en los últimos 18 años.
Al subprocurador Especializado en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, mediante el oficio UIL/A/0367/2021, presentado el 21 de mayo pasado del 2021, detalló también el “factor de riesgo” que representan los movimientos bancarios del ahora alcalde que en 13 cuentas bancarias realizó depósitos por 10 millones 100 mil 960.33 pesos, pero en el mismo periodo hizo retiros por 29 millones 420 mil 714.27 pesos.
Dzul Caamal fue Cuarto Regidor en el Cabildo de Solidaridad (2005-2008), presidente municipal de Tulum (2009-2011) y director general de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (2011 a 2013).
La alerta generada por una investigación y posterior acusación descubrió que efectúo operaciones en efectivo de sumas de dinero “que no encuentran su etiología (estudio sobre su causa) en actividades comerciales o de negocios lícitos”, que por su naturaleza impiden conocer su origen y destino, cuyo método es utilizado en el esquema de lavado de dinero. UIF
En aquella ocasión también se dijo que la disposición y movilización de los recursos económicos tampoco tienen aparente justificación comercial, lo que robustece la hipótesis de que existan otros involucrados en los esquemas utilizados, a través de su participación, administración o de encomendar su enajenación y distribución.
En el oficio 110/E/223/2021 elaborado el 13 de mayo del 2021 y presentado a la FGR al día siguiente, la UIF solicitó la intervención y aseguramiento judicial de una decena de cuentas del Banco HSBC, dos más en Scotiabank Inverlat y otra en Banco Santander, desde las cuales se realizaron los movimientos de recursos que podrían ser de procedencia ilícita.
Como parte de la acusación se solicitó que el embargo e inmovilización se extienda a cualquier otra cuenta de ahorro, cheques y/o contratos de títulos y fondos inversión de cualquier banco en las que aparezcan los probables involucrados, como titular, cotitular y/o apoderado legal, ya sea que se encuentren en bancos relacionados, en títulos nominativos de caja o personales (como cheques devueltos de otras instituciones financieras) y títulos o fondos de inversión.
La alerta de intervención se extendió igualmente a los títulos nominativos que no puedan ser ubicados para su aseguramiento, pero que deberá abarcar cualquier tipo de cuenta o inversión relacionados o de aquellos documentos implicados en depósitos o transferencias, total o parcialmente. UIF
La medida pretendía impedir la disposición y utilización de recursos económicos de quienes aparezcan como titulares o de cualquier persona que actúe en su nombre (siguiendo sus instrucciones o bajo su control), así como inmovilizar todos los recursos activos que procedan o estén vinculados a las citadas cuentas.
Otras de las irregularidades que encendieron las alertas fue la compra de un vehículo de lujo que “evidentemente” incumple con las características de uno utilitario para las actividades que manifestó. “Existe la posibilidad de que la adquisición haya sido únicamente un mecanismo más a través del cual dicho sujeto intentó dar apariencia de licitud a sus recursos”.
Otros focos rojos fueron que compró bienes inmuebles por sumas importantes con la posibilidad de que las transacciones “tuvieran como destino el tratar de dar una apariencia de licitud a activos de posible procedencia ilícita”.
Del análisis de la información fiscal se comprobó que presentó posibles irregularidades en sus declaraciones anuales de impuestos, lo cual deduce que fue omiso en cumplir cabalmente sus obligaciones “posiblemente con la finalidad de ocultar sus verdaderos ingresos”. Con ello, trató de evitar las investigaciones del origen y destino de los activos, probablemente a sabiendas de su procedencia ilícita.
En fuentes abiertas se comprobó que la ex presidente municipal de Tulum (2016-2018), Romualda Dzul Caamal (hermana de Marciano) e integrantes de su gabinete fueron vinculados a proceso, luego de que se comprobó la entrega dolosa e irregular de un contrato por 2.5 millones de pesos a la moral Impulso Empresarial Becka, S.A. de C.V.
Como parte de esa investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Juez de la causa que se impusiera la colocación de localizadores electrónicos al ex Tesorero Santiago Pech Cauich; el ex Oficial Mayor Omar Israel Zubieta Arcique y a la ex directora de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Karla Etelvina Borges Castillo.
La empresa impugnada fue integrada en la lista de personas bloqueadas y declarada por el Servicio de Administración Tributaria como facturera, al operar bajo el esquema de empresa “fantasma o fachada”.
Javier Humberto Domínguez Aguilar solicitó también a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción interponer una denuncia de hechos contra Caamal Dzul y contra quien o quienes resulten responsables por los presuntos hechos delictivos.
Igualmente, que se iniciara una carpeta de investigación y solicitar a un Juez de Control el aseguramiento de los recursos relacionados ubicados y no ubicados para su aseguramiento, además de investigar y de encontrarse elementos suficientes, el caso fuera judicializado.
La conclusión de la investigación fue que Marciano Dzul ingresó al Sistema Financiero recursos “que con un alto grado de probabilidad tienen origen en el despliegue de conductas ilícitas, y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino”. Para la UIF existen indicios suficientes para sustentar la denuncia pues la evidencia cumple en circunstancia de modo, tiempo y lugar, pertinencia, es plural, fiable, coherente, concomitante y unívocamente incriminatorio, por lo que “es posible determinar que los recursos operados por la persona mencionada proceden o representan el producto de actividades ilícitas y estos han ingresado al sistema financiero con el objetivo de ocultar su origen”.
A pesar de todas las pruebas aportadas, ‘misteriosamente’, el expediente fue “archivado”, las cuentas embargadas fueron liberadas, eso sí, en todas solo le dejaron 10 mil pesos. Así trabaja el gobierno de la Cuarta Transformación: Morena está limpiando los expedientes de sus militantes, pero todo tiene un precio y en Morena, ‘amor con amor se paga’. Marciano ya pagó y está empezando acumular riquezas de las cuales daremos cuenta puntualmente. (Con información de archivo/Luces de Siglo)
