Poder y Crítica | Redacción | La diputada Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa para robustecer el Código Penal Federal en materia de sanciones contra victimarios de mujeres agredidas con sustancias corrosivas, como ácido o alcohol.
Puntualizó que se trata de elevar de 15 a 25 años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al que infiera de manera dolosa una lesión que deje en la víctima cicatriz perpetuamente notable en la cara o en cualquier parte de su cuerpo.
Asimismo, acotó González Hernández, se propone duplicar las penas señaladas cuando la agresión se cometa por razones de género, con premeditación, maquinación, alevosía y ventaja.
La legisladora puntualizó que esta reformar al Código Penal busca establecer una herramienta jurídica para que los juzgadores tengan en sus manos la capacidad fundada de imponer sanciones más severas a los responsables de estos actos.
La diputada comentó que este ordenamiento legal, en sus términos actuales, tiene lagunas jurídicas tras las que se ocultan los victimarios y sus cómplices, quienes minimizan la gravedad del daño que infieren a sus víctimas al atacarlas con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico u otras substancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas e inflamables.
“Esta iniciativa está dirigida a todas las personas expuestas a múltiples y diversos riesgos de sufrir un ataque con substancias corrosivas y por quienes nadie hace efectiva y eficiente justicia”, expresó.
La diputada refirió que la historia de un superviviente del ataque con ácido no es fácil de escuchar ni de entender, pues esta agresión que ocurre sobre todo a mujeres y niñas, es una forma cruel de violencia para desfigurar, mutilar y cegar deliberadamente.
Anahí González señaló que las víctimas sufren interminables y dolorosas operaciones, pierden la vista o el ánimo de vida y, en consecuencia, su vida y su familia se ven impactadas sin apenas una mínima compensación contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de ese delito.
