PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El PAN y PRD presentaron un procedimiento especial sancionador ante el IEQROO en contra del magistrado electoral Víctor Vivas, por incurrir en la revictimización de la candidata Laura Fernández, postulada por la coalición “Va por Quintana Roo” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo.
Faustino Uicab y Leobardo Rojas, dirigentes del PAN y PRD respectivamente, explicaron que dicha denuncia se originó por las expresiones que el magistrado Vivas hizo manifestó durante la discusión de un proyecto de sentencia, en donde sin existir justificación alguna reprodujo los hechos denunciados, inobservando el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, toda vez que utilizó lenguaje revictimizante y, así mismo se afectó la veda electoral.
Los dirigentes partidistas del PAN y PRD, manifestaron que no sólo se trata de la defensa de una candidata a la gubernatura, sino de todas las mujeres en Quintana Roo y todo el país; recalcaron que no está en juego un interés personal, sino un compromiso para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia y estereotipos que sufren las mujeres día con día en este modelo patriarcal.
Al mismo tiempo, resaltaron la importancia de no dejar impunes estos actos porque el respeto y dignidad de las mujeres es una prioridad, aunado a la importancia de proteger la equidad en la contienda.
Los presidentes de ambos partidos señalaron que accionarán todas las instancias legales que en derecho correspondan, anunciando que se llegará hasta las últimas consecuencias, aun y cuando esto implique un procedimiento de remoción del Magistrado Vivas y, en su caso sea inscrito en el padrón de perpetradores de violencia política en contra de las mujeres, reservándose así mismo las acciones penales respectivas.
Finalmente, subrayaron que el procedimiento especial sancionador tiene como propósito evidenciar el uso de lenguaje revictimizante por parte del magistrado Víctor Vivas, lo cual no sólo requiere un compromiso de los partidos políticos, sino también de las autoridades electorales, porque el buen juez por casa empieza y, así será el único camino para que la ciudadanía recupere la confianza en sus autoridades.
