PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, anunció la implementación de cinco acciones inmediatas, en respuesta a los hechos violentos registrados en los últimos días, como lo fue el ataque armado contra dos bares de la avenida Kabah de Cancún.
En conferencia de prensa desde el Complejo de Seguridad C5, el funcionario reveló que se creará una Unidad Especializada en Cateos de Domicilios utilizados para la venta de narcóticos, que conllevará asegurar el inmueble y la aplicación del procedimiento de extinción de dominio.
Como acción número dos, se emitirá y publicará el protocolo que autoriza la técnica de investigación de agente encubierto y vigilancia en los delitos de extorsión y narcomenudeo.
“Estas técnicas especiales de investigación, instrumentos normativos y acciones operativas son mecanismos legales y se vuelven particularmente necesarios cuando se trata de actividades ilícitas que impactan de manera relevante y reiterada a la sociedad”, señaló el fiscal.
Así mismo, adelantó que se emitirá y publicará un acuerdo en el que se establece el pago compensaciones económicas a las personas que proporcionen información para localizar y captura a objetivos prioritarios.
En tanto, como parte de los últimos dos puntos dijo que la fiscalía celebrará convenios con los propietarios de bares y centros nocturnos ubicados en zonas urbanas para programar revisiones y conectar sus cámaras al C5, además de fortalecer las unidades de investigación adscritas a la fiscalía especializada en la investigación de delitos contra la salud.
En ese marco, Montes de Oca Rosales también dio a conocer el incremento de acciones en materia de procuración de justicia y avances en las investigaciones de hechos mediáticos como la balacera en el restaurante la malquerida de Tulum y la ejecución de dos canadienses en un hotel de la Riviera Maya.
“De 275 órdenes de aprehensión solicitadas en 2017, se incrementó a 641 en 2021, lo que representa un aumento de 133.1 por ciento, en órdenes de cateo de 29 que se solicitaron en 2017 pasaron a 178 en 2021, lo que representa un incremento del 513.8 por ciento”, apuntó.
Antes de concluir, durante la sesión de preguntas y respuestas, el fiscal manifestó que la aparición de las últimas mantas con mensajes amenazadores y en el que se menciona a elementos ministeriales “no refleja la realidad que está pasando”.
“Una narcomanta no representa la reputación, el comportamiento o la conducta que está desempeñando cualquier compañero, muchas veces son ataques porque se sienten ya agredidos, se sienten ya que están por detenerlos o las investigaciones van avanzando y esa es una forma de intentar de desviar la atención”, aseveró.
Información de Noticaribe.
