¿Por qué el conflicto? En el 2009, el gobierno local modificó el plan de ordenamiento ecológico (POEL)
PODER Y CRÍTICA | En Sac-Tun ha comenzado a saberse que hay una versión más compleja de la que le presentaron al Presidente la semana pasada. Lo primero y más importante es que la extracción pétrea es legal en México. De hecho, en todo el país a estas extracciones se les conoce como “los pedreros”, y generalmente se ubicaban lejos de zonas urbanas, pero cuando la urbe comienza a absorberlos, desarrolladores industriales, residenciales o de hoteles tienden a ver en ellos “un atractivo para la expansión”. De ahí la movilización en su contra.
La explotación, perteneciente a la parte terrestre de Cozumel, se ha convertido en un objetivo de muchos actores, incluyendo hoy la Secretaría de la Defensa, porque el puerto internacional que construyeron desde la década de los 80 resulta “conveniente” para la recepción de los materiales que se requieren llevar a esa zona, donde se construye el Tren Maya. La concesión fue legal hasta 2018, en que Profepa clausuró parcialmente la empresa, aduciendo que había incumplido en la remediación que le ordenaba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) concedida en 2000 por la Semarnat, cuando Julia Carabias cerraba su último año como titular. Un año después, Vulcan compró a ICA las acciones de la concesión.
Vulcan Materials ha explotado el yacimiento de piedras calizas en la zona de Playa del Carmen desde hace más de 30 años y, en respuesta al dardo que el Presidente lanzó en la mañanera, Julia Carabias reveló que, desde 1986, la entonces empresa Calica, subsidiaria de Vulcan, comenzó operaciones con las autorizaciones federales, estatales y municipales y que en 2000 se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que incluyó la explotación por debajo del acuífero, con condiciones para mitigar y remediar el impacto ambiental de sus operaciones. Con la MIA se extendió autorización por 20 años y tenían que informar del avance de remediaciones a la Profepa.
La denuncia de Calica/Vulcan ante el CIAT de Untad se presentó hasta 2018, cuando la Profepa clausura el predio por violar la MIA. El gobierno de Quintana Roo otorgó permisos a la empresa para ampliar la extracción a dos predios más: La Adelita y El Corchalito, y cada 5 años les fue renovada la autorización. Por ello, Carabias dice que si la compañía no cumplió con las disposiciones se debió proceder a la cancelación de los permisos. De hecho, Sac-Tun tuvo que atender en 2017 y 2018 varias observaciones, lo que confirma que las autoridades vigilaron el cumplimiento de su actividad.
¿Entonces por qué el conflicto? En el 2009, el gobierno local modificó el plan de ordenamiento ecológico (POEL) y uso del suelo, que obligaba a que se detuvieran las actividades extractivas, a pesar de que existían los permisos federales, iniciando una disputa de atribuciones que nunca se ha corregido. A partir de ese momento, la operación de esos dos predios, excluyendo el predio La Rosita y el puerto de Punta Venado, comenzó a litigarse bajo argumentos de protección de los derechos sobre la propiedad de la tierra, uso de las reservas y si se había o no respetado el Estado de derecho. El ambiental fue el último argumento.
Lo cierto es que Vulcan Materials, como cualquier otra compañía pública, se vio obligada a defender sus derechos por este cambio y, dado que es estadunidense, demandó por 500 millones de dólares al gobierno de México ante el tribunal del CIAL, en la UNCTAD, y el Presidente busca un acuerdo. Le comenté ayer que el embajador Esteban Moctezuma tuvo ayer un encuentro con los representantes de Vulcan y podría ser, pero el tema de fondo tiene ojos en Punta Venado y su puerto. Para lograrlo es imprescindible que, de una vez por todas, existan alternativas para resolver el conflicto que las administraciones federales y estatales han evadido resolver durante 12 años.
El gobierno federal tiene que desactivar el arbitraje en contra de México en el marco del T-MEC y enfocar las propuestas para facilitar la construcción del Tren Maya, que impulsará el desarrollo económico de la región. Si de ahora en adelante la política pública en materia medioambiental va a cambiar y se va a modificar la vocación de los tres terrenos y el puerto que tiene Sac-Tun, esto deberá quedar claro en el marco legal integral, no sólo para esta compañía, sino para todas las empresas que tengan o busquen dedicarse legalmente a las actividades extractivas en el país. Cuenta Corriente | Alicia Salgado
