PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | En los últimos 25 años, la empresa Sac Tun -antes Calica– ha sobre explotado el suelo en más de mil 500 hectáreas del predio La Adelita que pertenece al municipio de Cozumel y quiere hacerlo en la parcela El Corchalito ubicados sobre la carretera 137 de Playa del Carmen a Tulum, provocando deforestación y ecocidio de la región; quieren cambiar el uso de suelo a ‘minero’, para ello disponen de 100 millones de dólares para sobornos: «quieren repartir de arriba para abajo, de lo federal a lo municipal», denuncia el activista social Marciano Toledo Sánchez.
«Nosotros, el pueblo de Solidaridad, como al inicio de nuestra independencia municipal, estamos unidos y lucharemos contra la trasnacional por su intención de continuar la extracción de material pétreo, pues desde la administración pasada, hay un intento de sobornar a las autoridades, sabemos que disponen de 100 millones de dólares para hacerlo», recalca Toledo Hernández en entrevista con Poder y Crítica.
¿Cómo sabe que tienen esa cantidad para sobornar?
«La gente, el pueblo, los trabajadores, los empleados, es una lucha grande con sentido social, justa y en defensa de la herencia que dejaremos a nuestras nuevas generaciones, por eso nos llega la información; en la administración pasada no pudieron concretar los permisos que requieren, ahora, lo están intentando nuevamente y no lo permitiremos», advierte el también Regidor de Solidaridad.
Conocido popularmente como «Chano» Toledo, destaca que los predios La Adelita y El Corchalito fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 2018, terrenos que son parte del expediente de una denuncia presentada en una corte internacional por Legacy Vulcan.
Indica que tras la salida de Donald Trump, de la Casa Blanca en Estados Unidos, era evidente que el gobierno de Joe Biden no apoyaría a la empresa de CALICA (Calizas Industriales del Carmen) y ahora lo demuestran al hacerse a un lado del juicio que promovió ante una corte internacional: «Donald Trump tenía fuertes intereses con la empresa transnacional pues, CALICA, hoy, Sac Tun es filial de Legacy Vulcan… Elaine Chao, ex secretaria de Transporte de Donald Trump, es socia de la empresa y se ve beneficiada con este saqueo de más de 30 años», dijo, «cuando era funcionaria de ese país, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes la investigó por no desinvertir en Vulcan Materials y sus tratos turbios».
Y agrega: «Todo eso está consignado en los medios estadounidenses como Wall Street Journal y Washington Post, apuntó, las acciones de Vulcan Materials subieron casi un 13% entre abril de 2018 y mayo de 2019, y Eloine Chao obtuvo una ganancia de más de 40 mil dólares según muestran los registros corporativos y gubernamentales».
El entrevistado, originario de San Luis Potosí y quien se dice quintanarroense por adopción pero playense de corazón, recalca que tanto Estados Unidos y Canadá, mediante oficios que enviaron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se deslindaron de la denuncia que promueve CALICA – Sac Tun contra México, nación socia de estos dos mediante el Tratado de Libre Comercio:
«El gobierno de Joe Biden se desentiende de los intereses que mostró el gobierno de Donald Trump en su momento… Es de todos sabido que Donald Trump estaba construyendo el muro de la ignominia con el material que salía de suelo mexicano».
De acuerdo al Atlas de Justicia Ambiental, creado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, «existen estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chao (ex secretaría de Transporte de los EU) que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés».
«Chano» Toledo afirma: «Este Atlas de Justicia Ambiental dice, y que ironía de la historia, además de los impactos directos causados por la empresa en territorio mexicano por la extracción y exportación de materiales, Vulcan Materials Company era una de las empresas constructoras que participaba en la construcción del muro de Trump en la frontera México y EU».
«Sac Tun se está quedando sola y sin argumentos, es una empresa nefasta, esperemos que pronto el gobierno de México le retire la concesión y se vaya para que deje de explotar la riqueza de nuestro destino…Ojalá y con sus mismos juicios se descubra que sólo era una forma para presionar y chantajear a las autoridades porque la verdad es que quieren seguir extrayendo material para hacer más millonarios a los socios y al propio Donald Trump a costa del deterioro ambiental de Solidaridad, del daño al patrimonio arqueológico y ecológico», dice a Poder y Crítica.
Esos 100 millones de dólares que los directivos de Sac Tun quieren repartir para obtener nuevos permisos ¿Son para quién? ¿El Gobernador Carlos Joaquín? ¿Para la presidenta municipal Lilí Campos? ¿Para los Regidores de Solidaridad?
«Chano» Toledo afirma: «Para todos, quieren repartir de arriba para abajo, de lo federal a lo municipal, el Gobernador ya se va, el permiso se lo dieron a esa empresa cuando su hermano era Gobernador, 100 millones de dólares mueven conciencias y traicionan convicciones…No pasarán».
Toledo Sánchez detalla que a la empresa, bajo las siglas de Calizas Industriales del Carmen (CALICA), hoy Sac Tun tiene vencida su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) desde 2016 y no ha recibido una prórroga por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pero aun así siguen explotando el banco de grava.
Por eso, Legacy Vulcan, interpuso en Washington, Estados Unidos el juicio contra el gobierno mexicano donde exige más 1 mil 500 millones de dólares por supuestos daños al no permitirle extraer material de los terrenos denominados ‘El Corchalito’ y ‘La Adelita’, en respuesta la PROFEPA clausuró la empresa e instalaciones en mayo de 2017, aun así siguen explotando el terreno afirma quien fuera el primer presidente municipal de Solidaridad.
¿Cómo puede haber tanta impunidad, si no tienen permisos para seguir explotando? ¿Quién los protege?
«La empresa en cuestión, adquirió en 1996 los predios citados y en el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell se le entregaron los permisos de explotación que están sujetos a distintas normas y regulaciones de índole municipal, estatal y federal…Tramitaron permisos federales, también estatales, el de Impacto Ambiental Estatal (AIAE) que le autoriza la explotación industrial de arena, grava y derivados de rocas y suelos no minerales, canteras y materiales pétreos por encima del manto freático, sin realizar la explotación por debajo de éste», comenta quien también fuera Diputado local por el PRI en la 8a. Legislatura de 1996 a 1999.
Dice que la vigencia de la AIAE ha sido renovada en tres ocasiones; la última renovación se realizó en marzo de 2016 e implicó su modificación en los siguientes términos: La ampliación del plazo de operación pasando de 5 a 20 años; y el incremento de la superficie anual de explotación pasando de 25 hectáreas anuales a 50 hectáreas anuales; por destacar algunas.
«Es decir, antes de la clausura de la PROFEPA, el gobierno de Quintana Roo le permitió operar por un plazo mayor y explotar más hectáreas de lo que anteriormente había concedido…Pero, en el caso del permiso federal, para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático, la SEMARNAT otorgó la Autorización de Impacto Ambiental (AIAF) el 30 de noviembre del 2000 con una vigencia de 20 años y prorrogable a juicio de la misma dependencia», acotó.
«Chano» Toledo actualmente es Regidor, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, hasta el 2024, sin embargo su lucha de años, las manifestaciones y los bloqueos en la entrada de la empresa parecen rendir frutos: «Hay un limbo judicial, por eso andan con el tema de sobornar millonariamente a las autoridades…pero las presiones y protestas han funcionado de alguna manera».
Y es que la PROFEPA les condicionó la autorización del proyecto denominado “Aprovechamiento de Roca Caliza por Debajo del Manto Freático en los Predios El Corchalito y La Adelita”, a diversos términos y condicionantes.
Entre los Términos establecidos, como se aprecia en el resolutivo que otorgó la SEMARNAT, resalta el Segundo:
«La presente autorización tendrá una vigencia de veinte años […] prorrogable a juicio de esta Secretaría, […]. Dicha solicitud deberá presentarse con la validación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al último informe del cumplimiento de condicionantes».
Destaca también el Cuarto de los Términos que señala: «La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. deberá hacer del conocimiento de esta Dirección General, de manera previa, cualquier eventual modificación (al proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental para que la SEMARNAT) para que con toda oportunidad se determine lo procedente. [A saber: (i) si es necesaria la presentación de una nueva MIA; (ii) si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o (iii) si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trata].»
En el Octavo Término que a la letra dice: «La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. deberá elaborar y presentar para su análisis y validación a la Delegación de la [PROFEPA] del estado de Quintana Roo, la información del cumplimiento de los términos y las condicionantes aquí señalados en forma cuatrimestral a partir del día siguiente a la recepción del presente. Los informes deberán ser complementados con anexos fotográficos y/o videocintas, y enviar con copia del acuse de recibo correspondiente a esta Dirección General y a la Delegación de la [SEMARNAT] en el Estado de Quintana Roo».
«En 2017 cuando la PROFEPA llevó a cabo la inspección del lugar y detectó que no se habían cumplido los Términos acordados, toda vez que extrajo material de una zona no autorizada, y que derivó en la clausura motivo de la discusión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a nivel local, la empresa no presentó la validación de la PROFEPA ante SEMARNAT, establecida en el segundo término, aún quedan los sellos en esa ocasión solo los multaron con 7 millones 985 mil pesos», comenta «Chano» Toledo, quien rememora que su lucha social inició desde 1985 cuando dejó de laborar para la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y se dedicó al comercio y venta de artesanías en calles cercanas a lo que hoy es la emblemática Quinta Avenida de Playa del Carmen.
«Chano» Toledo muestra a Poder y Crítica videos y fotografías de la gran extensión de selva que ha depredado la empresa extranjera; maquinaria pesada derrumbando árboles, jaguares reclamando su espacio y pobladores protestando por ello en la entrada de sus instalaciones: «La empresa no cuenta con esta prórroga de su Manifestación de Impacto Ambiental, aun así continúa las labores de extracción de material, trabaja sin tener los permisos actualizados».
¿Un jaguar en los terrenos de Sac Tun? Eso es noticia mundial, ¿El emblemático felino de los mayas reclamando su espacio?
«Sí. Tenemos amigos allá adentro, pueblo, gente que está de nuestro lado en nuestra lucha, ellos nos informaron de esa situación y de la gran devastación de la selva, por eso exijo a los regidores y diputados locales que detengan cualquier intento de soborno y chantaje por parte de la empresa para cambiar el uso de suelo de la zona en Punta Venado al pasarlo de reserva natural a minero. Se trata de más de mil hectáreas de selva pertenecientes al municipio de Solidaridad”.
Según el líder social, la empresa pretende seguir devastando y extrayendo material pétreo 17 metros debajo del manto freático, es decir, dos veces más de lo permitido, destruyendo y cambiando la orientación de los bancos de agua, a la fecha, dice, ha extraído 250 millones de metros cúbicos, es decir 250 millones de toneladas.
Denuncia que pese a los daños irreversibles a la zona de Punta Venado, municipio de Solidaridad, la empresa sigue sin cumplir con el pago de sus impuestos municipales que ascendería 200 millones de pesos anuales.
«Los sobornos y chantajes de la empresa Sac Tun han sido la práctica común en administraciones municipales pasadas, prácticas que intenta mantener para ampliar el saqueo de las reservas pétreas del municipio a costa de la devastación… Esos chantajes y sobornos han permitido que la empresa no solo destruya la riqueza natural de la zona sino que también está acabando con el patrimonio cultural y arqueológico del lugar ya que hay información sustentada de que existen ruinas mayas en el lugar que es dinamitado de manera cotidiana».
Toledo Hernández, durante la entrevista es asediado, constantemente está atendiendo llamadas en su celular, recibiendo peticiones, solucionando problemas referente a su empresa y a su encargo como Regidor y gestor social, sin embargo no pierde el hilo de la plática, de las preguntas y recalca:
«Sac Tun, aparte de no pagar impuestos, tampoco recibe controles estrictos por parte de las autoridades de la SEMARNAT ni de ninguna autoridad sobre lo que entra y sale del suelo quintanarroense vía Muelle Calica. Esta libertad absoluta a Calica despertaría la sospecha de que se estaría utilizando el muelle hasta para el tráfico ilícito de sustancias u otros productos controlados».
«Don Chano» confiesa a Poder y Crítica que cuando inició la lucha para que Playa del Carmen se independizara de Cozumel y se convirtiera en municipio fue llamado a un cónclave político a la isla:
«Allá me sentaron y me leyeron la cartilla, me dijeron que desistiera de la lucha de independencia de Playa del Carmen y que sería un político exitoso, me prometieron una diputación inmediata, les dije que lo comentaría con el pueblo, con quienes iniciamos el movimiento. Ya no regresé, seguí mi lucha y pues, me cerraron todas las puertas».
El viejo hurga en sus recuerdos y agrega: «Mario Villanueva era el gobernador del estado, me dijo que había muchos obstáculos para lograr que Playa del Carmen se volviera municipio. Luego me enteré que el presidente Carlos Salinas de Gortari estaría en Cancún, le pedí el apoyo al Gobernador para hablar con el Presidente. Logró la audiencia, me dijo, tendrás 30 segundos para explicarle tu tema. No se cómo lo hice, le presenté un estudio de la banca comercial proyectando el municipio a 50 años, le gustó el nombre que sugerimos de Municipio de Solidaridad por el programa de Luis Donaldo Colosio y por la solidaridad de todos los que luchamos por separarnos de Cozumel, ellos querían que se llamara, si lográbamos la independencia Municipio de Riviera Maya. Salinas dijo Solidaridad y el 28 de junio de 1983 nos convertimos en municipio y fui alcalde por un mes».
Habla de política, economía y sociedad: «El proyecto de crecimiento a 50 años fue rebasado a los 15; Solidaridad aporta 6 mil 500 millones de dólares de los 15 mil que aporta Quintana Roo a la Federación, algo así como el 35% del PIB y nos devuelven menos del 5% de esa cantidad. A la Riviera Maya llega una persona a vivir cada 25 minutos; Antes de la pandemia teníamos el crecimiento más alto del mundo con 20% anual, hoy tenemos el 14 % de crecimiento, el mayor de América Latina y es que Playa del Carmen es la tierra de los altos contrastes: ciudad de primera en la zona antigua y de playa, ciudad de segunda en el norponiente y municipio de cuarta en la periferia y los asentamientos irregulares. Playa del Carmen es la ciudad de la opulencia y la miseria debido al saqueo de sus gobernantes, por eso seguiré la lucha contra Sac Tun y su ecocidio, la contaminación y robo de Aguakan y el retiro de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad», sentenció.
