PODER Y CRÍTICA | Un ecociodio de los múltiples que se cometen frecuentemente en Quintana Roo, se gesta en Puerto Juárez desde hace varias semanas bajo el amparo de la corrupción de las autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que a pesar de que clausuraron el lugar por encontrar irregularidades, han permitido que los trabajos sigan sin el menor de los problemas de manera impune.
De hecho, en el frente de la construcción se aprecia uno de los sellos de clausura de la dependencia federal, pero éste fue tapado con bolsas negras para que no sea visible ni por la ciudadanía ni por las autoridades y de esta forma continúan los trabajos sin el menor de los problemas.
En base al acta de inspección PFPA/29.3/2C.27.2/0067/2021 en materia forestal, el 23 de noviembre del 2021, la Unidad Administrativa delegación Quintana Roo de la Profepa, envió a personal a efectuar una revisión del predio en donde se edifica una procesadora de mariscos que de entrada, viola todas las leyes ambientales pues aniquilada una importante superficie de cuatro tipos de mangle que son rojo, blanco, negro y botoncillo.
En el documento público, se establece que la inspección corrió a cargo de Nidelvia Guadalupe Anguas Ambrosio, José Orlando Alonzo Puch y Zulia Marlen del Socorro Pech Salas, quienes analizaron todos y cada uno de los trabajos que se realizan en la construcción ubicada cerca de las instalaciones de la Capitanía de Puerto Regional y encontraron en una de ella una serie de irregularidades que derivaron en que se colocara sellos de clausura.
De entrada, los inspectores determinaron la carencia de los permisos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues no fue presentada por los responsables de la obra propiedad del empresario Jorge Uribe Chávez al momento de la inspección, aunado a que descubrieron que existe un relleno de poco más de 700 metros de manglar que no coincide con las medidas reales del predio.
En un recorrido hecho por la prensa, se pudo verificar que sí existen sellos de clausura, marcados con el número PFPA/293/RN/0036-2021, pero todos están tapados con bolsas negras para que puedan seguir con los trabajos de manera impune.
Las autoridades al momento de la inspección determinaron que las actividades se cuantifica en una superficie total intervenida de 4,027.6314 metros cuadrados (0.40276314 Hectáreas), donde se realizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en un ecosistema de vegetación de manglar y urbano construido, para la conformación de un edificio de dos niveles, oficinas, bodegas, baños, oficinas, sala de juntas, bodegas, almacén, comedor de empleados y recepción.
En el acta, se plasmó que los trabajos que se comenzaron a hacer desde marzo del 2021, se han llevado a cabo sin llevar a cabo las medidas de mitigación y compensación de los posibles impactos ambientales o modificaciones que pudieran ocasionarse por efecto de las distintas etapas del desarrollo de cambio de uso de suelo.
Todo lo anterior, demuestra que cada vez son más los delitos ambientales que se cometen en Quintana Roo de manera impune, por la enorme corrupción de las autoridades ambientales.
