Basura corrompe a Lili Campos
PODER Y CRÍTICA | La pandemia de COVID-19 fue el justificante para que la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda adjudicara directamente un contrato que asciende a 353.28 millones de pesos, convenio que tendrá vigencia hasta el 29 de septiembre del 2024 para la recolección de la basura principalmente en la ciudad de Playa Del Carmen, acto que levanto sospechas y diversas acusaciones de corrupción en su contra.
El diputado José Luis Toledo Medina, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado dijo que la entrega del millonario contrato de la basura de Solidaridad, realizada por adjudicación directa, debe ser investigada porque sugiere la existencia de un posible acto de corrupción por parte de la alcaldesa Campos Miranda quien estaría incurriendo en los mismos actos que juró combatir.
Recordó que durante su campaña por la presidencia municipal, Campos Miranda prometió que no iba a repetir los errores de la administración saliente, de adjudicar de manera directa los servicios públicos municipales, tal como sucedió con la administración del relleno sanitario.
Y es que a solos dos semanas de haber asumido el cargo, el 15 de octubre de 2021, Lilí Campos, firmó uno de los primeros contratos millonarios del Ayuntamiento, y lo hizo por adjudicación directa; la funcionaria, que centró su campaña en recriminar la opacidad en el manejo de recursos públicos, utilizó de pretexto la pandemia para no realizar ninguna licitación pública, a pesar de que el monto asciende a 353.28 millones de pesos, además de ser un contrato plurianual, es decir, tendrá vigencia hasta el último minuto de su gobierno: el 29 de septiembre del año 2024.
Se trata del contrato de prestación de servicios número DPM/AD/SER/060/2021 otorgado a la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C. V., bajo el objeto de “Servicio Integral de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos”.
Según una investigación publicada por el Grupo SIPSE, hasta la entrega del contrato, la empresa no tenía experiencia en trabajos de ese tipo. Sólo 16 días después de la firma, el 1 de noviembre pasado, Lilí Campos Miranda denunciaba en conferencia de prensa diversas irregularidades en la administración de su antecesora. Uno de los temas centrales del anuncio de aquel día fue la entrega de contratos por adjudicación directa. En palabras de la actual presidenta municipal debieron ser mediante licitación, porque el monto total alcanzaba los 85 millones de pesos.
Sin embargo, la pandemia, que ha cobrado la vida de 4,100 quintanarroenses, fue el pretexto perfecto para aprovechar esa modalidad de entrega de contratos. La justificación para esquivar las restricciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo sugiere que la pandemia era la causa de que el municipio no tuviera camiones de basura.
“En conclusión con los 20 camiones operando precariamente se está en la imposibilidad de recolectar ni la mitad de la basura que genera el municipio toda vez que se agrava el riesgo de contagio del Covid-19, por ende queda acreditada la necesidad de contratar el servicio integral de recolección de residuos sólidos (sic)” resolvió en su oportunidad el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad.
La sesión ocurrió el mismo día que Lilí Campos Miranda (presidenta municipal), José Rubén Tamay Itzá (Tesorero Municipal), José Ignacio Moreno Alpuche (Oficial Mayor) y Benny Felipe Millán Parra (Secretario de Servicios Públicos Municipales) firmaron el contrato con Michael Alejandro Barrera Martínez (administrador único de la empresa).
De acuerdo con el contrato, la empresa se obliga a otorgar al municipio el servicio integral de recolección de residuos sólidos urbanos con 30 unidades recolectoras y compactadoras así como mantenimiento preventivo-correctivo de 35 camiones recolectores, propiedad del municipio. La renta de cada unidad es de 327 mil 120 pesos mensuales (con el Impuesto al Valor Agregado, incluido), que equivalen a 11 millones 776 mil 320 pesos por unidad, durante los 36 meses pactados
La cuarta cláusula estable que: “Las partes acuerdan que el pago será mensual por la cantidad de $8,460,000.00 (son: ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) monto antes del impuesto al valor agregado IVA, $1,353,600.00 (son: un millón trescientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.)”, La cantidad final mensual es de nueve millones 813 mil 600 pesos.
También está documentado que cinco días después de haber ganado el contrato, el 20 de octubre de 2021, la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C. V. formalizó ante el Registro Público de Comercio diversos acuerdos que incluyeron modificaciones al objeto de la sociedad.
Dichos acuerdos fueron concertados en una asamblea realizada solo horas antes de que Lilí Campos Miranda rindiera protesta como la nueva presidenta municipal de Solidaridad. El discurso de ese día fue transparencia y combate a la corrupción.
“Recién salió a la luz el contrato de prestación de servicios número DPM/AD/SER/060/2021, otorgado a la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., por 353 millones de pesos para hacerse cargo de la recolección de basura, lo que significa que los habitantes de Solidaridad pagarán la renta de camiones recolectores de basura a un precio 10 veces mayor de lo que hubiera costado comprarlo”, acusó el diputado Toledo.
Citó que el costo comercial de un camión recolector es de aproximadamente un millón de pesos. Lo que significa que con esa cantidad comprometida con la empresa, se podría comprar cerca de 200 unidades, quedando dinero suficiente para los costos de mantenimiento y gasolina, pero en su lugar, optó por rentar solo 30 unidades.
“Este tema debe ser investigado de inmediato, porque las pruebas que el día de ayer evidenció un medio local, hacen sospechar de un presunto caso de corrupción, del mismo tipo que ella criticó cuando era oposición”, declaró Toledo Medina.
LA JUSTIFICACIÓN DEL MILLONARIO CONTRATO
Por su parte, Lili Campos en conferencia de prensa indicó que la adjudicación directa para el servicio de recolección de basura y arrendamiento de camiones fue una acción necesaria debido a la situación urgente que se vivía al iniciar su administración.
La aldesa explicó que se arriesgaba a caer en problemas de salubridad, razón por la que no hubo licitación, la facultad que otorga el Artículo 33, fracción 6 de la Ley de Extensiones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionado con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, faculta al Ayuntamiento “para aprobar este tipo de contratación”.
“Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente de alguna zona o región del estado como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos, por fuerza mayor o que existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes nos da la facultad de poder contratar de manera directa”, mencionó Campos Miranda al dar lectura al citado artículo.
La alcaldesa recordó que el cúmulo de basura en algunas zonas era impresionante y que a la fecha ya van mil 853 toneladas de residuos levantadas.
“Claro que era un tema de urgencia y claro que teníamos que actuar de manera inmediata porque una licitación se tarda aveces hasta tres meses, estaríamos apenas hoy entrando con el tema de los camiones”, destacó.
Añadió que en los microtiraderos encontraron de todo, incluyendo animales en estado de descomposición; sin embargo, resaltó, hoy la imagen urbana es mejor.
