Chetumal, Quintana Roo, Lunes 29 de Noviembre del 2021, Poder y Crítica | La urgente necesidad de contar con traductores de la lengua maya al español en las dependencias de los tres niveles de gobierno, la experimentan cada día los habitantes de la zona maya de Quintana Roo, pues el último caso de discriminación por parte de un funcionario del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) en Chetumal, demuestra que este servicio no puede ser postergado.
El caso de discriminación en el ISSSTE en contra de Matea Caamal May, de Felipe Carrillo Puerto, debe ser lo suficientemente justificable para que la XVI Legislatura a través de la Comisión de Desarrollo Indígena que preside el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz; la de Asuntos Municipales que preside Julio Efrén Montenegro Aguilar; la de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad que tiene a su cargo Paula Pech Vázquez; así como la de Derechos Humanos que preside la diputada Judith Rodríguez Villanueva tomen cartas en el asunto y legislen a favor de los mayas.
Según narra la víctima de discriminación, días atrás sus familiares y ella viajaron a Chetumal para llevar a la Clínica del ISSSTE a su suegra Medarda Aké, a quien dejaron internada; dos semanas después les avisan que le darán de alta, pues ya no había nada que hacer, la desahuciaron los médicos y deberían llevarla a su casa.
Ellos solicitaron el trámite correspondiente ante el ISSSTE para trasladar a su paciente desahuciada, ofrecieron pagar hasta la gasolina; sin embargo, en Chetumal les pidieron que fueran a Carrillo Puerto para solicitar ahí el traslado, además de atravesarse el fin de semana, que quizá hasta hoy podrían hacer el trámite.
Matea, molesta por tantos trámites, que les cuesta dinero que no tienen, pidió hablar con un directivo del ISSSTE, fue atendida por un empleado que se hizo pasar por el director, Emmanuel Ángel Gutiérrez García, quien le dijo que mejor terminara la primaria, pues no entendía los trámites a realizar; es más, el empleado le pidió que mejor trajera un traductor de lengua maya al español, para que así pudiera entenderle.
Ante estas declaraciones Matea y sus familiares decidieron interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien se declaró incompetente para conocer el caso; así que decidieron denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) quien levantó la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/11/6201/2021, pues está hecho de discriminación no debe quedar sin consecuencias.
Sólo eso nos faltaba, que a los verdaderos dueños de estas tierras los ninguneamos con actitudes de discriminación; queremos ver aquí la fuerza del Estado, a través de sus instituciones para castigar a todas y todos aquellos que discriminan a los indígenas por hablar su lengua original.
Urge la intervención de los Senadores, los Diputados Federales, pero principalmente de los integrantes de la XVI Legislatura, que en lugar de estar peleando el control político con los Consejos Mayas, deben de ocuparse para hacer leyes que garanticen el respeto de los Derechos Humanos de los pueblos originarios en Quintana Roo.
Cada día es más palpable la brecha de divisionismo entre los cinco aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura; insisto, “no hables mal del camello porque cuando quieras venderlo, nadie querrá comprarlo”.
Por Caminos del Mayab
Martín G. Iglesias
