Chetumal, Q. Roo, viernes 05 de noviembre de 2021, poderycrítica.- La obligación constitucional del Estado (como Ente), es salvaguardar la seguridad pública; proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población, pues solo así pueden ponerse las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad.
Eso es lo que el ciudadano quintanarroense exige a las autoridades de los tres órdenes de gobierno; no comprende a qué nivel le compete intervenir en los delitos, si es preventivo, de competencia del gobierno del Estado o del orden federal; quiere resultados y sentirse seguro en su propio entorno.
Eso sí, el efecto de la lucha contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados, esto último no ocurre por la misma desconfianza que tiene la ciudadanía en las instituciones impartidoras de justicia; por ello es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos y así cumplir con la responsabilidad social.
No tenemos hechos aislados, todos los días y a cualquier hora, en las principales ciudades de Quintana Roo se comenten delitos de alto impacto; diariamente nos enteramos de personas descuartizadas en Cancún, asesinados con armas de fuego en Playa del Carmen, extorsionados en Tulum y Cozumel; secuestrados en Chetumal y en Bacalar. Sin que la autoridad logre esclarecer la mayoría de los casos y dejar a los ciudadanos, pero principalmente a las víctimas, en una indefensión e impotencia que no tiene justificación.
Urge que la Federación intervenga en el tema de inseguridad por el que atraviesa Quintana Roo, no basta que los senadores Mayuli Martínez Simón, Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez lamenten los hechos violentos y de sangre en sus redes sociales, sin que tengan la voluntad de ayudar al Gobernador; peor aún, la indiferencia de las y los diputados federales que están más preocupados por su imagen que por los ciudadanos.
Ya es necesario que las autoridades competentes garanticen a los quintanarroenses la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del infractor. Como ente, el Estado debe combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. Pero prefieren andar en campaña para ver si son nominados para una candidatura a la gubernatura en el 2022.
Quintana Roo se desangra, en todos los aspectos, pero principalmente en materia de seguridad, donde la Federación no puede permanecer omisa bajo la premisa de que el Estado es “libre y soberano”, pues también estamos bajo “el pacto Federal” y eso debe valer para garantizar al quintanarroense la libertad, la integridad física y el patrimonio; pues solamente así se recuperará la paz y la tranquilidad del destino turístico más importante de Latinoamérica.
Me informa el presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO) León Lizárraga Cubedo que las nuevas administraciones municipales rechazaron profesionalizar a su personal.
Las y los Presidentes Municipales recién llegados, ya sabían de la problemática que tenían que enfrentar, por lo que debieron hacer gestiones políticas y con la sociedad para realizar ejercicios de planeación participativa que les permitiesen priorizar mejor el presupuesto público escaso, así como preparar a sus equipos mediante cursos de formación e los distintos rubros de la administración pública y llegar con la actitud y aptitudes mínimas indispensables para iniciar su encomienda de la mejor manera.
Sin embargo, hasta ahora, un mes después, nadie lo ha hecho o ha aprovechado la experiencia de más de 40 años con la que cuenta el IAPQROO.
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
