Ciudad de México, martes 25 de mayo de 2021, poderycrítica.- Este fin de semana, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atendieron las quejas de los habitantes de los municipios de Arizpe, Hermosillo, Huépac, San José de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Banámichi, afectados por el desastre ecológico en el Rio Sonora, por una falla en el represo Bordo Poniente acontecido el 6 de agosto del 2014.
Se les explicó en qué consistió el Convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientales y a la salud pública; en qué consistieron y cuáles fueron las medidas ambientales llevadas a cabo en ese momento; cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación, y cómo se cercioró la Profepa de que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos.
Tanto los ciudadanos como las empresas que asistieron tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones y se les informó que cuentan con 10 días para estar en posibilidad de ampliar sus manifestaciones y aportar las pruebas que consideren necesarias con respecto a sus dichos. Las autoridades competentes deberán tomar en cuenta las manifestaciones de las partes y emitir una nueva determinación.
Es importante señalar que desde el año pasado, la Semarnat ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de pasadas administraciones.
Con esta reunión pública se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la SCJN, lo que se traduce como la activación del Fideicomiso Río Sonora, dejando sin efecto los actos de autoridad anteriores; además, se consideraron todas y cada una de las manifestaciones de los ciudadanos, extendiendo a 10 días hábiles la aportación de pruebas.
Es así como el sector ambiental federal fortalece su compromiso con las generaciones futuras para la conservación de los recursos naturales y asegurar que, con apego a la legalidad, la actividad minera respete el medio ambiente, la voluntad de las comunidades, y procure su bienestar.
