Claudia Guerrero
Agencia Reforma
Ciudad de México; Abril 7; PoderyCrítica.- La lista de asesores y consultores contratados por el Senado rebasó ya los mil 600 empleados. Según documentos de la Secretaría de Servicios Administrativos, la plantilla de Prestadores de Servicios Profesionales permitiría fácilmente que cada uno de los 128 legisladores contara con 12 asesores, en promedio, pagados con el dinero de todos los mexicanos.
Tienen consultores en 17 especialidades: jurídica, proceso legislativo, recursos materiales, humanos, financieros y contables, servicios administrativos, logística, difusión, información televisiva e informática.
En el documento también aseguran tener contratado a personal capacitado en protocolo y diplomacia parlamentaria, resguardo y protección, así como servicio civil de carrera, entre otros.
En el documento, con corte al 31 de diciembre de 2014, se detalla que el Senado cuenta con 13 asesores en materia de fiscalización y sólo uno para transparencia y rendición de cuentas.
Los reportes de gasto refieren que, durante el año pasado, se pagaron 55.18 millones de pesos mensuales, en promedio, para cubrir el salario de este personal.
Para este 2015, el presupuesto aprobado es de 61.9 millones de pesos mensuales, es decir, 12.2 por ciento más.
A cambio del dinero, estos empleados sólo entregan a los legisladores recibos simples, que ni siquiera
tienen validez fiscal.
Del total de «contratos por honorarios asimilados a salarios», más de mil fueron pagados a los asesores en materia legislativa.
Van recortes, pero no a las dietas
El Senado planea un recorte de 250 millones de pesos a su presupuesto de este año, pero sin tocar, hasta el momento, las dietas de los legisladores, los viajes y el número de comisiones.
El proyecto, del que REFORMA tiene copia, solo contempla una reducción del 5.8 por ciento al gasto asignado para 2015, que rebasa los 4 mil 270 millones de pesos.
En el documento, los coordinadores parlamentarios no incluyeron la propuesta para reducirse 10 mil pesos de su dieta mensual -que asciende a 117 mil 500 pesos netos-, ya que para ello requieren de la autorización expresa de cada legislador y el tema aún está sujeto a negociación.
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