Ciudad de México, miércoles 09 de Diciembre de 2020, poderycrítica.- Durante la pandemia, es necesario reforzar las medidas enfocadas a combatir la corrupción para asegurar que cada peso del erario destinado a la atención de la emergencia sea aplicado en beneficio de la población, señala el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el marco del Día Internacional contra la Corrupción 2020.
En un contexto de crisis sanitaria, el desvío de recursos dirigidos a la atención de la salud pública, programas sociales y servicios públicos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, como lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ello, se debe impulsar una política articulada y coherente entre todas las instituciones involucradas en el combate a este fenómeno.
Sin duda, la transparencia y el acceso a la información contribuyen de manera significativa a prevenir, detectar y visibilizar la corrupción en el servicio público; a través de estas herramientas han salido a luz casos graves de corrupción, como Odebrecht, la Casa Blanca y la Estafa Maestra.
A partir del ejercicio del derecho a saber, entendido como el derecho de toda persona a solicitar y obtener información en poder del Estado y sus instituciones, se han podido sistematizar, comparar, cruzar y analizar información que ha evidenciado actos de corrupción.
Sin embargo, visibilizar este mal que afecta a la sociedad en su conjunto, y en mayor medida, a grupos en condición de vulnerabilidad, es solo un primer paso; para erradicarlo, es fundamental una política integral, en la que cada una de las instituciones involucradas cumpla con su función, en especial, aquellas encargadas de investigar y sancionar estos hechos.
El Instituto advierte que mientras estos hechos no sean sancionados no será posible desmantelar las redes que posibilitan la corrupción y la impunidad.
Ante ello, el INAI refrenda su compromiso para contribuir en el combate de este fenómeno, desde sus respectivas competencias y a través de resoluciones que garanticen la apertura de información relacionada con este delito.
