Quintana Roo, Miércoles 23 de septiembre de 2020, poderycrítica.- Para la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2019, la diputada federal Adriana Teissier Zavala le expuso al entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) Javier Jiménez Espriú, que las concesiones portuarias en Quintana Roo deberían verificarse para saber cómo operan, porque las que otorgan el servicio de transporte de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa aumentan el precio del boleto a su antojo.
Desde entonces la SCT prometió que se analizaría “lo que se denomina la quinta enmienda para las concesiones, y muy pronto se tendrán resultados”, donde no solo interviene la SCT, sino la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que es la que debe meter mano dura a Ultramar, WinJet, Promociones Turísticas de Majagual y Transcaribe.
La urgencia de intervención de los tres órdenes de gobierno es porque son propiedad de empresarios y políticos de otras administraciones que han monopolizado el servicio de transporte marítimo, generando un mercado desigual para la competencia (nula) y ha encarecido el costo del transporte para las familias.
En una entrevista la diputada Teissier Zavala me dijo que “la situación ha generado condiciones en contra de la economía familiar y de los trabajadores que requieren trasladarse todos los días pagando tarifas injustas. En Quintana Roo hay seis puertos que permiten el movimiento de más de 11 millones de turistas provenientes de cruceros cada año, quienes generan una fuerte derrama económica para el país”.
Pero hay monopolio, como el de la empresa Promociones Turísticas de Majagual, que tiene una concesión que vence en 2059 y presuntamente es propiedad de un exgobernador de Quintana Roo.
Ayer, en la 7ma. Sesión Ordinaria del primer periodo del segundo año de ejercicio de la XVI Legislatura, por primera vez los diputados dieron muestra de priorizar el interés general y dejar un lado sus ideologías partidistas para aprobar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de su Dirección General de Marina Mercante revisen las tarifas en el servicio de las navieras que están asentadas en la zona norte de Quintana Roo, Holbox, Isla Mujeres y Cozumel; lógicamente, piden también que intervenga la COFECE.
En Tribuna, el diputado promovente del punto de acuerdo y presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Carlos Rafael Hernández Blanco detalló que en marzo de 2019 el viaje redondo Playa-Cozumel-Playa en una de las navieras, Ultramar, tenía un costo de 140 pesos, hoy es de 300 pesos en la misma naviera, lo que representa un aumento del 110% en solo un año.
Pero el que puso el dedo en la llaga fue el diputado Hernán Villatoro Barrios, quien acusó a los gobernantes en entregar concesiones para evadir su responsabilidad de brindar los servicios a los ciudadanos, esto ha ocurrido en tres décadas, pareciera que se empezó un proceso de privatización, con la basura, con las playas, con el transporte, con la educación, con la salud, etc. El ejemplo que utilizó es que Quintana Roo cuenta con el segundo aeropuerto más importante del país, pero ASUR no paga ni un peso de impuesto ni al municipio, ni al estado, ni a la federación. Así que pidió la revisión de todas las concesiones entregadas a particulares.
Indudablemente los diputados, federales y estatales, tienen razón, el que sufre con el monopolio marítimo en Quintana Roo es la economía de los ciudadanos y turistas que visitan el destino. En caso de que no cumplan, el Estado puede hacer una expropiación por causa de utilidad pública del bien del que se trate.
Las manifestaciones contra el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosado no cesan. Los demandantes que se limpie la Fiscalía llegaron hasta la casa de Gobierno en Chetumal para decirle al gobernador Carlos Joaquín que intervenga en este tema. Al tiempo…
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
