Cancún, Q. Roo, Miércoles 16 de Septiembre de 2020, poderycrítica.- Para el colectivo de las zonas costeras del Golfo de México, casi quedó en el olvido aquel 20 de abril de 2010 cuando explotó la plataforma petrolífera ‘Deepwater Horizon’ por la rotura del pozo “Macondo” y propiedad de la compañía British Petroleum (BP), con sede en Londres, Inglaterra y que dejó saldo de 11 muertos, miles y miles de vida silvestres y un daño ambiental irreparable.
Si bien es cierto que hace diez años se invierten millones de dólares dedicados a la restauración del Golfo de México y de sus ecosistemas, así como otros 12 mil de dólares que se esperan de aquí a 2032 aún no se recuperan los estuarios, donde las aguas dulces y saladas del Golfo se unen.
Precisamente en esos estuarios aquí en Quintana Roo y Yucatán se necesita restauración, pero no solo se exige a la British Petroleum que repare el daño, sino también que les pague a los más de mil pescadores afectados de estas costas, que parece ya se le olvidó a la Transnacional sufren pérdidas millonarias desde hace una década.
Es en ese contexto que el pasado 9 de septiembre se efectuó una primera audiencia para revisar un grupo de demandantes mexicanos, afectados por el derrame de la British Petroleum en el Golfo de México; hoy 16 de septiembre toca el turno a un segundo grupo, para determinar sus demandas proceden o si son desechadas.
Desde hace 10 años han batallado estos pescadores, quienes sufrieron pérdidas cuantiosas de especies, por el gigantesco ecocidio causado por este derrame, el mayor de la historia. La dilación, en gran parte, se debe a la corrupción de autoridades mexicanas, que se negaron a auxiliar a esta población, denuncian los representantes de los pescadores afectados de Holbox y Chiquilá.
En plática con los hombres del mar de Quintana Roo, nos comentan que de los 25 mil pescadores que interpusieron demandas, desde varios estados, solo han sobrevivido los recursos de mil, todos de Yucatán y de Quintana Roo (Holbox, Chiquilá e Isla Mujeres).
Los quejosos contrastan que los pescadores de Estados Unidos hace años que recibieron su indemnización, pero en México no ha ocurrido igual, pues los dictámenes de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente), La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y SEMARNAT, en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, no acompañaban a los pescadores.
En cambio, BP contrató a expertos estadounidenses que minimizaban o descartaban afectaciones para esta población.
Debido a este motivo, en su momento un grupo de pescadores inconformes denunciaron penalmente al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, así como al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, y al abogado de BP, William Noble, por efectuar un desistimiento voluntario sin contemplar a las víctimas.
Entendiblemente, en el sexenio anterior su recurso no prosperó, motivo por el que los pescadores acaban de interponer esta denuncia de nueva cuenta el pasado 2 de septiembre en contra de estas mismas tres personas, en un oficio dirigido al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Desde la semana pasada, asociaciones locales han estado contactando a los pescadores para que revisen si su recurso ya fue desechado, si procedió o si bien pertenece al grupo que se definirá hoy.
Estoy a favor que se defiendan los Derechos Humanos y se respete la libertad de expresión de todas las personas o colectivos; de lo que estoy en contra es de los extremos de esas manifestaciones. Ayer un grupo de feministas en varios municipios de Quintana Roo ingresaron a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHQROO), con sedes en Cancún, Tulum y Chetumal, aunque de manera «simbólica», pero hicieron destrozos en bienes muebles e inmuebles. Las inconformes anunciaron que este 28 de septiembre habrá manifestaciones en todos los municipios del estado.
Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
