México, 19 de Diciembre; poderycritica. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró a Ficrea la autorización para operar y declaró su disolución y liquidación, derivado de operaciones fraudulentas.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, dijo que como resultado de la resolución, a partir del 22 de diciembre y a través de seis sucursales, se iniciará la recepción de solicitudes por parte de los ahorradores para recuperar sus recursos.
En conferencia de prensa, detalló que 42 por ciento de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) recuperarán el total de sus recursos.
El resto, que reporta recursos superiores a los protegidos por el seguro de depósitos, que es de 25 mil Udis o 131 mil pesos, deberán esperar a recibir el faltante después de realizar la cartera y venta de activos de la Sofipo.
De esta manera, de seis mil 800 ahorradores sólo dos mil 500 recibirán el ciento por ciento de sus recursos, mientras que los cuatro mil 300 restantes percibirán un máximo de 131 mil pesos en su primera etapa.
Adicionalmente, el gobierno federal, a efecto de procurar el mayor valor de la recuperación de los activos, instrumentará un esquema bajo el cual la cartera y demás activos de la Sofipo se harán líquidos en el menor tiempo posible.
En este sentido, González Aguade refirió que si bien no se tiene una fecha fija de la entrega de los recursos, pues todo dependerá del análisis de la documentación que entreguen los clientes, se prevé iniciar los primeros pagos a partir de la segunda quincena de enero de 2015.
Precisó que del total de la cartera de crédito, que a octubre de 2014 era de seis mil 284 millones de pesos, sólo se tienen detectados tres mil 200 millones de pesos, por lo que se tiene faltante de dos mil 700 millones de pesos.
Describió que el fraude por parte de Ficrea se realizaba a través de la triangulación de recursos entre sus subsidiarias Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.
De ahí, apuntó, se revocó la autorización y presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las probables conductas delictivas, que realiza las investigaciones correspondientes.
«La intervención oportuna a Ficrea permitió detener operaciones fraudulentas y frenar un mayor deterioro de los activos. No obstante, parte del dinero de los ahorradores fue mal utilizado, lo cual es un delito que perseguirán las autoridades correspondientes», expuso.
El director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, dependiente de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Elías, dijo que las investigaciones son por defraudación, triangulación de recursos y presunto lavado de dinero.
