México, 04 Diciembre; poderycritica.- El PRD en la Cámara de Diputados rechazó ayer de manera formal las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y de justicia que tiene en su poder el Senado, “porque atentan contra las facultades de los Congresos estatales, debilitan al municipio y fortalecen innecesariamente a los gobernadores”.
El coordinador de esa bancada, Miguel Alonso Raya, anunció lo anterior y exigió al gobierno federal acelerar las medidas cuya aplicación son de su estricta responsabilidad, es decir, que no forman parte de las iniciativas anunciadas.
“La iniciativa que manda el presidente Peña para atender la emergencia de los problemas de inseguridad no resuelve de fondo el problema”, indicó en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por una docena de sus correligionarios de diversas corrientes perredistas.
Dijo que para que el plan sea completo, por ejemplo, en Guerrero, debe incluir si el gobierno va a legalizar las drogas o cómo se van a sustituir los cultivos que se hacen, porque ahí se siembra la amapola y es el 90 por ciento de lo que ahí se cosecha.
Igual, cuestionó, “¿nos vamos a hacer tontos y decir que no sabemos que son los militares los que han cuidado los sembradíos después de la guerra sucia?”, cuestionó.
Las iniciativas en materia de seguridad y justicia que presentó el titular del Ejecutivo federal están en el Senado de la República, en comisiones, de modo que aún no es posible conocer si sufrirán modificaciones y de que magnitud, pese a lo cual ya fueron rechazadas por el PRD en la Cámara baja.
Alonso Raya afirmó que la iniciativa es además omisa e incompleta, ya que no abarca algún capítulo de sanciones a diversos servidores públicos como por ejemplo los jueces, quienes en ocasiones “no tienen un comportamiento adecuado y no pasa nada; viven bien, ganan bien, pero ¿hacen la chamba que les toca?”, señaló.
Destacó de nuevo que su bancada no aprobará como está la iniciativa en materia de la desaparición de los ayuntamientos, porque la decisión le correspondería al Senado y se perdería la autonomía municipal, además de que la infiltración puede no ser necesariamente o exclusivamente del propio alcalde, sino estar situada en otras áreas como las finanzas o incluso la organización de los festivales del pueblo, situación que no prevé la iniciativa presidencial.
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