México, 02 Diciembre; poderycritica.- Los diputados de la Asamblea legislativa del Distrito Federal (ALDF) deben renunciar a la libre asignación de fondos, conocidos como “etiquetados”, es decir, que estos recursos se utilicen con base en un análisis de factibilidad y costo-beneficio de proyectos, y no de manera discrecional e injustificadamente, como suele ocurrir.
Para 2014, los 66 asambleístas aprobaron destinar 2 mil millones de pesos del presupuesto total para los etiquetados, cerca de 25 millones de pesos para cada uno, y los pueden manejar libremente en tres tipos de fondos: proyectos del GDF, delegaciones y órganos autónomos, incluida la ALDF.
El problema es que no hay facturas ni comprobantes que demuestren el correcto ejercicio de los recursos, ni mucho menos un seguimiento con las instancias de Gobierno para evitar duplicidad en algunas acciones, o en su caso, “meras ocurrencias” para malgastar el dinero.
“Cuando se asignan sin estudios y sin criterio, estos proyectos acaban siendo inviables, incosteables e imposibles de realizar”, señaló Luis Carlos Ugalde, director de la Consultoría Integralia.
Deben renunciar en el presupuesto 2015 a la libre asignación de fondos en la forma en la que se asignan, falta justificación y análisis falta de planeación, no es renunciar a los fondos como tal, sino la forma en la que se otorgan. Que esos recursos se canalicen a través de estudios”, agregó el ex presidente del IFE.
Explicó que la libre asignación de fondos conlleva a actos de corrupción como los llamados “moches” que involucran a algunos integrantes de esta Legislatura, además de que se corre el riesgo de que se utilicen con fines electorales.
Ante esto, sugirió a los diputados locales trabajar con la Secretaría de Finanzas y definir proyectos compartidos y viables.
Estimula mercados de soborno, los llamados moches, los intercambios con los delegados y es una realidad en la Ciudad de México. Estos fondos y proyectos no parten de un análisis costo-beneficio, no hay análisis de mercado, la mayor parte de los diputados asignan fondos sin conocer el impacto en la población”, destacó.
“Hay un mercado creciente de sobornos que pueden ir al bolsillo de los legisladores o con fines políticos, financiar grupos o para las campañas. No hay facturación”, agregó Ugalde.
El director de esta Consultoría habló de que haya un ente en la ALDF que se encargue de dictar los lineamientos de cómo los grupos parlamentarios y los diputados deben desglosar sus gastos, empezando por los básicos (gastos de módulos de atención que no se entregan completos).
Señaló que la Contraloría de este órgano legislativo no es la más apta, pues se relaciona directamente con la Comisión de Gobierno.
Al respecto, el diputado Vidal Llerenas recordó una iniciativa presentada hace unos meses y que fue rechazada por la mayoría del Pleno, para poner orden y transparencia en la asignación de los etiquetados y que no se dupliquen proyectos.
También se refirió a la necesidad de revisar la factibilidad de estos fondos para 2015, ante las posibles afectaciones a los ingresos por el alza en el petróleo.
El panista Gabriel Gómez del Campo comentó que la ALDF no debe implementar políticas públicas –al usar estos recursos-, pues esa es la función del Ejecutivo.
Urgió a la transparencia y a la sensibilidad política para que los 66 diputados le entren al tema. “Hay que definir proyectos completos, no de una cuartilla, apretar el cinturón”, dijo.
Cuauhtémoc Velasco, de Movimiento Ciudadano mencionó que no hay certeza de que los etiquetados sean utilizados para su fin inicial.
Tengo meses pidiendo (a Finanzas) que expliquen en qué se han gastado lo que hemos asignado, son recursos en papel, pero no sabemos en qué y cómo se ejerce. No tengo problema en que la partida desaparezca o se transparente”, apuntó.
