México, 11 junio; poderycritica.-La activista defensora de los derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván fue acusada de robo con violencia cometido el 19 de marzo en una caseta de Ecatepec, delito por el que actualmente sigue un proceso judicial en el penal de Chiconautla, informó la representante jurídica del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Esther Flores.
En conferencia de prensa a través de las redes sociales, acusó a la Fiscalía de Justicia mexiquense de haber «fabricado el delito» y de «espionaje», pues aseguró que la institución presentó como pruebas del ilícito material de video obtenido por una empresa privada.
La activista fue aprehendida el sábado 6 de junio en la caseta de cobro conocida como La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, junto con tres menores de edad – que ya fueron liberados-; sin embargo, ella fue trasladada al penal en Ecatepec, porque fue esa la localidad donde las dos víctimas del robo interpusieron la denuncia en su contra.
«Su detención fue en condiciones arbitrarias y es parte de la persecución política que se ha dado a los defensores de derechos humanos, en este caso ella se hizo visible por su labor a favor de personas indígenas, es feminista, guerrerense, que cobró trascendencia a nivel mundial», resaltó.
Dijo que Kenia tuvo una primera audiencia el lunes y mañana será la segunda para determinar su situación jurídica y, resaltó que entre otras inconsistencias detectadas, destacan una identificación fotográfica derivado de una «investigación exhaustiva que hizo una concesionaria mexiquense o empresa externa a la Fiscalía», donde aportó fotografías de una protesta registrada en una caseta en Ecatepec, donde aseguran que ella participó, pero en ninguna se distingue a la activista, por lo que no hay elementos que lo comprueben y es la misma fecha que la denunciaron por el robo con violencia.
El otro es una identificación fotográfica que contiene la carpeta de investigación, donde los denunciantes identifican a la persona que cometió el delito y la señalan directamente porque dicen haberla encontrado en Internet, incluso su nombre y organización a la que pertenecen.
«Kenia tiene una trayectoria por la lucha de la liberación de presos políticos, y su actividad ha dejado un antecedente que ahora la ha colocado en esta situación legal, que además podría colocarla como presa política», dijo Gloria Flores, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Destacó que hay un alza significativa de agresiones contra defensores de derechos humanos, que si bien demostraron en el 2019, la situación se ha exacerbado a lo largo del primer semestre del 2020 e hizo un llamado al gobierno del Estado de México para que cesen las represiones contra defensores. Reiteró que en el Congreso estatal está en análisis la Ley de Amnistía que prevé la liberación de presos considerados como políticos, indígenas, defensores de derechos humanos y otros.
Por su parte, La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la aprehensión de la activista fue legal, pues derivó de una orden que les obsequió un juez estatal, quien consideró legales las pruebas que presentó la autoridad. También que será un juez quien defina la situación jurídica de Kenia. Sin embargo, la institución rechazó el espionaje puesto que las pruebas de video fueron obtenidas a través de las cámaras de videovigilancia de un OXXO y la caseta donde ocurrieron los hechos, solicitadas por la autoridad ministerial.
