Ciudad de México, Jueves 09 de Abril de 2020, poderycrítica.-Con fundamento en la Ley Federal de Austeridad Republicana, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó a los titulares del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México sobre la necesidad de reducir en al menos 50% el gasto asignado a servicios generales y de operación, como fue instruido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Atendiendo la situación excepcional por la que atraviesa el país, expuso que se deben aplicar medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la Administración Pública Federal, considerando que se ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de diversos insumos.
La secretaria de la Función Pública señaló que, de conformidad con la política de Austeridad Republicana, la medida tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19. Para un mejor uso del presupuesto público, indicó que las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.
Las medidas informadas no aplican para las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que están atendiendo la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del Gobierno de México.
Como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte.
Asimismo, deberán enfocar las medidas de austeridad republicana preferentemente en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana. La Secretaria recordó que, de acuerdo con la ley, la Función Pública tiene la facultad de vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
