México, 18 de Noviembre; poderycritica.- Las políticas públicas del gobierno mexicano han sido ineficaces para frenar las desapariciones forzadas y la impunidad, aseguraron funcionarios de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, tras advertir que debe haber en México un cambio claro hacia nuevas prácticas que permitan resolver los casos presentes y evitar incidentes futuros.
“El fenómeno de desapariciones forzadas tiene que tener una manera radicalmente distinta de enfrentarse y la Comisión manda un poderoso mensaje de que no sólo se atienda el caso -de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa-, sino también lo estructural, que México desarrolle las capacidades para que en México no haya un fenómeno de desapariciones forzadas como el que ha tenido. Lamentablemente los hechos de Ayotzinapa no son nuevos, se han presentado hechos en el pasado de la misma magnitud en distintas partes del país”, afirmó el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Eso, agregó Álvarez de Icaza, “lo hace más grave en términos de que no solo son hechos que se han repetido, sino que en ocasiones queda también un manto de impunidad”.
Tras firmar un adendum a las medidas cautelares acordadas entre la CIDH y el gobierno federal, en la sede de la cancillería, Álvarez Icaza y James Cavallaro, relator para México de la CIDH convinieron en que la firma de este documento “debe ser un parteaguas” para hacer una revisión del caso de los normalistas de Ayotzinapa, y adoptar las observaciones de carácter estructural.
Respecto del grupo del grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano, tras la desaparición de los normalistas, Álvarez Icaza y Cavallaro destacaron que se darán a conocer pronto, a efecto de que acompañen “en el terreno” las investigaciones.
De acuerdo con el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Juan José Gómez Robledo, esta misma tarde se conocerá la propuesta de los expertos por parte del gobierno de México.
El grupo de expertos que está por integrarse tendrá un mandato de seis meses. «A solicitud del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares, la asistencia técnica dará inicio de inmediato, el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo».
