Quintana Roo, 18 de Noviembre; poderycritica.- Ante la incapacidad del pago de intereses bancarios, el gobernador Roberto Borge solicitó y obtuvo autorización del Congreso para contratar tres nuevos créditos que vendrían a reestructurar la deuda de largo plazo y que incrementarán el monto de la deuda pública estatal en casi 22 mil millones de pesos.
El incremento, que esta ocasión será de 4 mil millones de pesos –3 mil millones para refinanciar deuda de corto plazo y mil millones de pesos de nueva deuda para otros pagos pendientes–, se suma a los 17 mil 937 millones de pesos reconocidos como el gran total de la deuda pública de Quintana Roo en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo monto (21 mil 937 millones de pesos) colocó a Quintana Roo en el estado con mayor deuda per cápita, de tal modo que cada habitante ahora debe 15 mil 790 pesos de una deuda pública que a decir de legisladores de oposición ha sido adquirida de manera discrecional e ilegal por los ejecutivos estatales de los dos últimos sexenios.
–Las finanzas del gobierno del estado de Quintana Roo están agobiadas no sólo porque la deuda pública se disparó casi en 75 por ciento en los primeros tres años del mandato de Roberto Borge sino porque el gasto en sectores sensibles como salud y turismo se han reducido en casi la mitad–, protestó la diputada Alicia Ricalde desde la tribuna de la Cámara de Diputados.
Durante la sesión pública del pasado jueves 13, la legisladora panista criticó que el gobernador Borge sumara a la deuda pública del estado diversos préstamos de corto plazo por 3 mil millones de pesos adquiridos sin la autorización del Congreso Estatal, los cuales cayeron en incapacidad de pago y ahora se van acumular al gran total de la deuda de los quintanarroenses.
Además, añadió Ricalde, el mandatario autorizó al secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo, a solicitar una contratación a nombre del gobierno estatal, de un crédito por mil millones de pesos, sin especificar el uso que se dará a esos recursos, con el fin de refinanciar un préstamo contratado hace dos años a corto plazo y que es parte de la deuda oculta.
Esta situación, enfatizó, complica aún más las participaciones federales, “que hoy están comprometidas a más del 200 por ciento”.
“Y por si fuera poco, el dictamen establece también condiciones para reestructurar la deuda bancaria, de 10 mil 700 millones, que dejó el ex gobernador Félix González Canto”, denunció la legisladora en la tribuna.
Ese mismo día, pero en Chetumal, la aplanadora priísta del Congreso Local también había aprobado la solicitud del gobierno sobre el refinanciamiento hasta por 10 mil 727 millones 991 mil 143 pesos de la deuda de largo plazo heredada el sexenio pasado. Sólo se opuso a la decisión de la mayoría, el diputado local perredista Jorge Aguilar Osorio, quien consideró que medidas como estas generan una afectación en la vida de los quintanarroenses al comprometer las participaciones federales en un 200 por ciento.
“Esto impactará negativamente en materia de salud, educación, seguridad pública, entre otras áreas sensibles para la población del estado, además de que el proceso legislativo no tuvo seriedad ni análisis sobre las repercusiones económicas que conlleva para la Entidad”, alertó Aguilar Osorio sin conseguir el apoyo de sus compañeros de oposición que se sumaron a la aplanadora priísta.
Por eso cuando la diputada federal Alicia Ricalde subió a la tribuna de la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ricalde recordó que en agosto pasado, la calificadora Fitch Raitings mantuvo en observación negativa la calificación a la calidad crediticia de Quintana Roo, porque algunos de los financiamientos adquiridos corrían el riesgo de ser declarados en incumplimiento, como realmente ocurrió.
“Es urgente que se detengan las deudas estatales en estados gobernados por priístas, como Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo pues son actos de irresponsabilidad política y administrativa que debieran tener consecuencias incluso penales…, No más deuda para mi estado, no hay transparencia en los recursos y tenemos un mal gobernante”, concluyó la legisladora.
